Hace casi dos décadas estalló el primer escándalo que puso a las cajas populares en boca de todos.
Miles de ahorradores empezaron a protestar y salir a las calles, porque al acudir a las distintas sucursales de las cajas populares JOV (siglas de su defraudador José Ocampo Verduzco) las encontraban cerradas y sin nadie que les diera razón de sus ahorros, que muchos nunca recuperaron.
El caso llegó a la Cámara de Diputados donde además de gestionar un fondo para los afectados se creó después de varios años la Ley de Sociedad y Ahorro Popular, que tendría que hacer valer, en teoría, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Digo en teoría, porque vinieron luego más desfalcos en otras cajas populares hasta hacerse recurrentes. Del último supimos esta semana que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que más de medio millón de ahorradores de 97 distintas cajas de ahorro que operan en 28 entidades federativas podrían perder su dinero por la posible quiebra de esos centros de captación financiera, que en conjunto administraban seis mil 209 millones de pesos.
La advertencia creó confusión, porque desde la propia Condusef le pidieron a los usuarios no retirar sus ahorros para evitar el cierre definitivo de esas cajas. Hubo además administradores de otras cajas populares que reclamaron a la Condusef poner en la lista establecimientos cerrados desde hace siete años como el caso la caja popular Santa Rosa de Lima, que operaba en Zapopan.
Es claro, pues, que la CNBV no está cumpliendo cabalmente su trabajo para hacer cumplir lo que dicta la Ley de Sociedad y Ahorro Popular, en el sentido de revisar una vez al año los estados de cuenta de estos intermediarios financieros. Todas las autorizaciones de operación deben ser revocadas a las que presenten el 4.5 por ciento de cartera vencida, lo que a todas luces no ha ocurrido.
El riesgo que implica para los ahorradores el futuro de estas 97 cajas populares debería, incluso, atraer la atención de la Secretaría de Hacienda para verificar si las que fueron señaladas en la lista negra de la Condusef están o no en la Federación de Cajas Populares o si tienen o no los seguros correspondientes para reparar un eventual quebranto contra sus usuarios.
Es indispensable esta supervisión y una campaña de información de la Condusef con los representantes de la Federación de Cajas Populares, no solo para detectar las que operan con irregularidades y proteger a sus ahorradores, sino para preservar la credibilidad y viabilidad de estos centro que muchas veces son la única alternativa de ahorro y préstamo para muchos más de los más de 10 millones de usuarios que les dan vida.
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