Estamos a menos de una semana de conocer los resultados de las 14 entidades del país en las que habrá elecciones. –Si es que la abstención o el cinismo electoral lo permiten– podrán votar hasta 37.3 millones de ciudadanos en 68 mil 37 mesas directivas de casilla contempladas. En la preparación, desarrollo y organización de los procesos comiciales se han gastado más de 10 mil millones de pesos de financiamiento público, más un incierto, y quizá superior, privado.
Es lamentable darnos cuenta de que en la larga marcha de nuestra alternancia y transición democráticas está ausente la ideología política en el discurso de los contendientes, aunado a la inexistente difusión de la plataforma electoral en la retórica de las campañas; y ante la falta de liderazgo y legitimidad de las autoridades electorales, ha aflorado por doquier no solo el uso de la propaganda negativa y las campañas negras como regla, sino de meras vulgaridades que reflejan la mediocre educación y cultura de todos: candidatos, partidos políticos, etc., y del enorme fracaso del multimillonario gasto del país en elecciones, campañas, cultura política y democrática. A menor diferencia entre primer y segundo lugar en las encuestas, mayor clima de polarización social; aumentando la crispación de calumnia y difamación, produciendo la descomposición y anomia de los subsistemas electoral, partidos y gobierno. El centralismo electoral no ha dado resultados, pues no ha reducido el costo de los procesos electorales y mucho menos ha potenciado-maximizado el derecho humano de votar y ser votado de la ciudadanía en la agenda pública; el reformismo legislativo ya prepara sus iniciativas para seguir sobrerregulando y haciendo cada vez más disfuncional el sistema. De esta jornada electoral habrá que poner especial atención a los resultados de: a) capacitación electoral y; b) fiscalización. Esta última se tendrá que rediseñar pues el modelo actual es un fracaso. Como mero "aplicativo informático" está lejos de un verdadero "sistema integral", ya que a la fecha más de 60% de los "sujetos obligados" ha incumplido con la transparencia y rendición de cuentas.
El activismo judicial de tutela efectiva de derechos político electorales ha sido muy necesario pero no suficiente, se avanza en asuntos de: usos y costumbres indígenas, procedimiento especial sancionador y medidas cautelares; candidaturas independientes y financiamiento igualitario, cuotas de género y paridad horizontal-vertical, propaganda que proteja a menores respetando derechos de la niñez. La agenda político-electoral de las autoridades electorales, no solo judicial sino administrativa, será cada vez más amplia y compleja, pues debe atender los bienes jurídicamente protegidos y hacer respetar el Estado de derecho constitucional y democrático; candidatos, dirigentes y partidos políticos deben ser menos opacos y más abiertos a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas. La irracionalidad del aumento de "malas prácticas" produce la ilegitimidad de todo el sistema político.
