Al presidente Andrés Manuel López Obrador le importan mucho los aeropuertos, los encuentra estratégicos para el desarrollo del país y por eso canceló el proyecto de Texcoco e impulsó construir la nueva terminal en la base aérea militar de Santa Lucía.
Pero esa preocupación no llega a los negocios que se realizan al amparo de los aeropuertos, quizá porque no tenga información. En particular con el negocio de taxis en las 56 terminales aéreas, donde la colusión entre funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones, la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares y empresas privadas operadoras de los aeropuertos ha permitido explotar sin medida a los viajeros.
Dos de las peores terminales son el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y el de Cancún, operado por Grupo Aeroportuario del Sureste. Sirvan dos historias como ayuda de memoria, ahora que Gobernación amagó con usar la Guardia Nacional para realizar “operativos de revisión en los 56 aeropuertos del país” contra los servicios de apps.
La primera ocurrió en la capital, donde las cinco empresas de taxis del aeropuerto contrataron a un consultor externo para elevar los precios. Los taxistas le entregaron información que por lo general no comparten: número de unidades, estadísticas de uso, ganancias, gastos y otros números para determinar en cuánto podían elevarse las tarifas.
El consultor les dio sus recomendaciones para zonificar la ciudad y para cobrar tarifas lo más elevadas posibles, por lo que los operadores se pusieron de acuerdo para subir sus tarifas.
En tan solo cuatro años afectaron a 12 millones de personas que tuvieron que pagar un sobreprecio de 772 millones de pesos, según cálculos de la Comisión Federal de Competencia, que impuso en 2016 una multa de 63 millones a la terminal aérea por prácticas monopólicas.
Pero no les bastó, siguieron los abusos y por eso en 2017 la Cofece impuso una nueva multa por 23.6 millones de pesos pero ahora fue directo contra cinco agrupaciones de taxistas que operan en el AICM, por “abuso del poder de mercado por parte de uno o varios agentes económicos”.
En Cancún quien frenó la entrada de competidores al segundo aeropuerto más visitado del país, fue ASUR, la empresa operadora, que también recibió una multa por 72 millones de pesos en agosto pasado. Su falta fue impedir la competencia y así influir sobre el precio, puesto que recibe un porcentaje de cada viaje de los taxis.
Es turno de que algún diputado trabaje una iniciativa para modificar la ley de autotransporte federal que regula el servicio público de pasajeros y derribar las trabas que permiten abusos contra los pasajeros. Además, la regulación obligan a esos taxis a prestar el servicio y regresar vacíos, con el costo ambiental y de congestión que implica.
Es más, ¿necesitamos con la tecnología actual mantener costosas e ineficientes bases de taxis federales en los aeropuertos? Claro que no, adoptar un modelo abierto haría que bajaran las tarifas.
Más que operativos, discutamos el futuro del transporte en los aeropuertos y, por cierto, ¿será que ya tienen listas a las empresas que van a dar el servicio en Santa Lucía?
[email protected]
@hzamarron
