En un país como México, donde los altos funcionarios del gobierno se autoasignan sueldos millonarios pagados con los impuestos; una ley de austeridad republicana, no sólo es necesaria, sino urgente, porque “nadie debe gozar de lo superfluo cuando alguien necesita de lo estrictamente indispensable”, como son los millones de mexicanos que están en extrema pobreza.
Por eso es plausible que un partido haya presentado el pasado día 3 en la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley de austeridad, que contiene la voluntad popular de que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del gobierno incluido el Presidente de la República, quien en vez de ganar poco más de 248 mil pesos al mes, percibiría 178 mil, que es el equivalente a 85 salarios mínimos.
Fue Morena el que en voz de la diputada federal Araceli Domínguez González, presentó el proyecto de lo que sería la Ley de Austeridad Republicana; que busca reducir de manera sostenida el costo de la administración en beneficio de la sociedad.
Para abatir el gasto suntuario hay que eliminar prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, revocar el contrato del avión presidencial, evitar compras de vehículos terrestres y aéreos para personal administrativo, y las pensiones de ex presidentes; con lo que en principio habría un ahorro de 450 mil millones de pesos, sin afectar para nada las funciones sustantivas del gobierno.
También se contempla en el proyecto de la ley, reducir a la mitad las prerrogativas a los partidos políticos, las subvenciones a los grupos parlamentarios, y las prebendas de los altos funcionarios del Poder Judicial; y sobre todo, ajustar de inmediato los gastos de comunicación social.
Llama la atención que sea un partido el que propone una ley que le va a quitar la mitad de las prerrogativas; y que sea un grupo parlamentario el que pide se le disminuyan en un 50% todos los apoyos económicos que se les da a las bancadas en las cámaras de diputados federales y senadores.
Sin importar qué partido presentó esa iniciativa de ley, todos los demás partidos y todos los diputados federales, deben de aprobarla; porque el pasado 7 de junio todos ellos recibieron el mandato del pueblo de acabar con la corrupción; y autoasignarse sueldos millonarios los altos funcionarios del gobierno, cuando los trabajadores tienen salarios de hambre, es corrupción.
Además, ya es tiempo que nuestros diputados sigan el ejemplo de los de Guatemala, que primero le quitaron la inmunidad al ahora expresidente Otto Pérez Molina, para poder ser enjuiciado, y luego lo desaforaron porque sí procedía proceso penal en su contra, por posibles actos de corrupción; lo que lo llevó a prisión, y quien finalmente renunció a ese alto cargo.
Esto último causó regocijo en todo México, donde se espera que algún día ocurra lo de Guatemala, con diputados que realmente representen al pueblo; habiéndose hecho caricaturas como la de que en un cuadro está una cartera de huevos, vacía y abajo dice México; y en el otro, abajo de la cartera que está llena de huevos, dice Guatemala.
