Entre los marcos normativos regionales sobre armamento promovidos por México destaca la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados (Cifta), en vigor desde 1998. Con ella, la OEA fue la primera organización en tener un instrumento vinculante en la materia. Diez años después, México celebró su aniversario con el “Compromiso de Tlatelolco”. La firma de los 34 miembros de la OEA ha contribuido a su vigencia, aunque faltan por ratificarla Estados Unidos, Canadá y Jamaica.
La Cifta expone la necesidad de licencias para el comercio y tránsito de armas de fuego. En su seno se han elaborado legislaciones modelo para el marcaje y rastreo de armamentos; el fortalecimiento de controles en los puntos de exportación, confiscación y decomiso, y la entrega vigilada de municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
El Comité Consultivo de la Cifta se reúne anualmente para promover el intercambio de legislaciones y procedimientos administrativos entre agencias, así como el entrenamiento entre países. México fue reelegido para la Secretaría Pro Tempore (2018–2019), como un voto de confianza a nuestra gestión en la materia. Esto nos llevó a ser sede de la cuarta conferencia en 2018.
En apego a la convención y a nuestra vocación a favor de la paz, en México la producción de armas de fuego por instancias de seguridad autorizadas y venta para uso privado están estrictamente reguladas. Sin embargo, un reto principal es el tráfico ilícito y desvío de armas, principalmente de fabricación estadunidense (60%), europea –Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia y Rumania– (30%), y de Brasil y China, entre otros (10%).
Cifras públicas muestran la magnitud del daño en México por pertrechos manejados por la delincuencia:
Entre 2012-2016 se cometieron 92 mil 541 delitos dolosos. El 56 por ciento correspondió a un arma de fuego.
Entre 2006 y 2019 se han asegurado casi 223 mil armas en el país: 59 por ciento largas –fusiles, carabinas, rifles y escopetas– y 41% cortas –pistolas y revólveres–, principalmente en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Chihuahua.
También se han confiscado 4 mil granadas y 5.6 millones de municiones.
La disponibilidad de armas requiere consensos entre los países productores en el hemisferio –Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos y Canadá–, países importadores y de tránsito. Tenemos la oportunidad de fortalecer nuestras capacidades con apoyo del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Este centro ha beneficiado a nuestros países con diagnósticos para políticas públicas, paquetes de asistencia para la región andina, el caribe y Centroamérica, al igual que cursos de capacitación para la policía, el ejército, sector de inteligencia, judicial y aduanas.
Los compromisos asumidos por México para una cuarta transformación de nuestra sociedad hacia una incluyente con un tejido social sano, obligan al combate al tráfico ilícito y la violencia de las armas, que arrebatan vidas todos los días. Consolidar una cultura de paz sostenible, tolerancia y respeto, que restrinja el uso de armamentos es responsabilidad de todos. (Continuará…).
Colaboración de:
FABIÁN MEDINA
Jefe de Oficina del canciller
y
JUDITH ARRIETA
Ministra del Servicio Exterior Mexicano
