Ante el revuelo causado por la concesión a la licencia de quince integrantes del Congreso de la Unión que aspiran a ocupar un cargo de elección popular o puedan participar en las campañas políticas dentro de la próxima contienda electoral, el debate sobre la iniciativa legal para que los portadores de armas encontrados en flagrancia permanezcan en prisión, duerme el sueño de los justos.
Al parecer en los congresistas, pesan más las aspiraciones político-electorales que el incremento de más de un 70 por ciento de homicidios ocurridos en el país durante el presente sexenio. Tampoco les importará que aproximadamente quince mil consignados por portar armas de fuego de manera ilegal, se encuentren en libertad.
El binomio drogas y armas es atendido solamente con discursos de buena voluntad por los gobiernos de México y Estados Unidos. La falta de entendimiento y confianza entre ambos países da como resultado únicamente presiones y medidas unilaterales que provocan crisis diplomáticas. Los estadounidenses señalan a México como abastecedor y proveedor de drogas, y nuestro gobierno, a su vez, considera al vecino país como una nación que presenta grandes demandas de droga sin considerar como prioridad la atención a este problema.
Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, como descubridor del hilo negro, recientemente ha reconocido que “Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas procedentes de América Latina”, sin hacer alusión a su país como el gran negociante que recibe cuantiosas ganancias por la venta de armas que manera ilegal llegan a las naciones latinoamericanas.
Parecerá imposible que el mercado de armas con 100 mil concesionarios establecidos en el sur de la unión americana pueda limitar sus ingresos económicos por la venta aproximada de 213 mil armas que cada año llegan de manera clandestina a México.
¿Cómo comprenderán los estadunidenses la problemática armamentística relacionada con México si en su país existen 270 millones de armas en posesión de sus ciudadanos?
Como una iniciativa que puede aminorar la venta clandestina de armas en los Estados Unidos, consistiría en que los civiles dejen de negociar sus armas de manera particular sin ser por ello formalmente sus vendedores, y así evitar que el 40 por ciento del citado armamento sea traficado a México de manera clandestina.
