Ante el dato que señala la existencia de 15 millones de armas que circulan actualmente en todo el país, la petición de Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, en aplicarles prisión preventiva oficiosa a los portadores de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, solo forma parte de un conjunto acciones necesarias y urgentes para coadyuvar en contener la violencia en México.
Es necesario establecer un plan de acción integral que se inicie desde la raíz del problema, consistente en el tratamiento diplomático con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante el cual se solicite la eliminación de licencias para el establecimiento de armerías en el los estados del sur de aquel país, como California, Texas y Nuevo México, puesto que en dichas entidades existe una concentración excesiva de establecimientos, con una cifra de 6 mil 700 tiendas de armas, y una venta de 253 mil armas compradas por ciudadanos americanos o residentes legales en la nación estadounidense, que a su vez son vendidas ilegalmente a las organizaciones criminales mexicanas. Otra de las propuestas, puede consistir en también solicitar que se elimine la venta de armas de alto poder, sin embargo esto quizá no sea posible, porque mermarían las ganancias dichos establecimientos, las cuales son de aproximadamente 127 mil millones de dólares anualmente.
En relación al rastreo del armamento que ingresa a México de manera ilegal, en su mayoría este no es realizado por las autoridades mexicanas, quienes no lo ven como tarea importante debido a las limitaciones de información. Según una fuente informativa del país vecino, oficiales del Ejército Mexicano han declarado que no tienen ninguna autoridad para ayudar en las investigaciones del tráfico de armas.
En el mundo existen 875 millones de armas en manos de la población civil, y si quince millones las tienen ciudadanos mexicanos, es la hora de iniciar una campaña de desarme en la población a nivel nacional.
