Sin lugar a dudas las redes sociales han visibilizado a una enorme cantidad de ciudadanos que antes no tenían forma de magnificar sus voces sobre asuntos públicos, para mostrar sus descontentos o sus satisfacciones sobre el desempeño de la clase política.
Las redes han transformado la forma de entender el mundo que vivimos, todos los sectores se han comprometido en la agenda digital. Cada vez es más recurrente ver mensajes de marcas y servicios en redes; incluso políticos, periodistas y hasta jueces quieren convertirse en generadores de contenido en redes.
Es a través de las plataformas digitales la forma más directa que tenemos para contactar con una audiencia determinada.
Una década atrás acceder a respuestas gubernamentales o comerciales vía redes era impensable. Hoy no solo las empresas buscan tener ese primer acercamiento con la gente, políticos e instituciones buscan por esa vía generar las nuevas estructuras.
Tras la pandemia la banca digital y su presencia en redes se han convertido en un termómetro para muchos temas, desde poner en alerta a otros usuarios de métodos activos de fraude, para quejas y poco a poco como medio de comunicación directa; este último eslabón, sin duda, el más difícil de entender y atender.
Hemos visto pasar quejas desde las redes etiquetando a las instituciones defensoras de los derechos del consumidor o financieros como primer paso, pero dónde queda la respuesta de la autoridad inmediata.
En Nuevo León se informa a través de las redes, pero está distante el vínculo para resolver los problemas del día a día, como muestra el gobernador Samuel García, quien dio a conocer vía redes el arribo de una nueva línea del Metro. Ahora habrá que ver si en redes atiende los reclamos o no de vecinos y comunidades afectadas.
La comunidad digital ha cobijado emprendedores y técnicos con énfasis en la promoción de marca, política o comercial.
El reto es grande y el tiempo apremia, reducir la brecha de inequidad en la era digital y utilizar correctamente las redes para conectar con el ciudadano deberían ser prioridad. El acceso a internet es derecho universal y todavía están lejos todos los niveles de Gobierno para adaptar el lenguaje, los procesos para conectar con los ciudadanos postpandémicos de la era digital y llevarlo un paso adelante. Como dice el clásico: Benditas redes.
