En Nuevo León, la falta de agua ha pasado de ser una advertencia a una cruda realidad palpable en el desesperante goteo de las presas. En tres años, la situación ha empeorado notablemente y las cifras no mienten:
En 2024, mientras el agua sigue fluyendo con aparente normalidad desde nuestros grifos, el recuerdo de las filas nocturnas y los enfrentamientos por un bidón de agua parece distante, pero es un reflejo del desorden administrativo que aún perdura, y para muestra un botón: el embalse Cerro Prieto ha visto reducir su capacidad significativamente.
A finales de abril de 2023, Cerro Prieto se encontraba al 14.12% de su capacidad, con 42.357 millones de metros cúbicos de almacenamiento, mientras que al corte de ayer 23 de abril, la presa cuenta apenas con el 7.38%, con un almacenamiento de 22.150 millones de metros cúbicos, lo que representa una disminución de 20.207 millones de metros cúbicos en un año.
El reloj hídrico sigue avanzando y nuestras reservas disminuyen. Ya no es momento de planes sin cumplir ni de promesas vacías. Es tiempo de acción, de responsabilidad y de una visión que trascienda administraciones.
Y Cerro Prieto no es la única de las presas en estado crítico; La Boca, en Santiago, sigue siendo el embalse de mayor almacenamiento. En el regional corte del 30 de abril de 2023 contaba con el 52.88% de llenado y un almacenamiento de 20.881 millones de metros cúbicos. Al corte del 23 de abril de este año tiene 37.68% y 14.898 millones de metros cúbicos, reflejando una pérdida de 5.983 millones de metros cúbicos.
Por otro lado, la presa El Cuchillo y sus dos acueductos han sido un reflejo de la extracción para una población metropolitana carente de empatía. Hace un año se encontraba al 43.71% de su capacidad, 490.949 millones de metros cúbicos. Hoy cuenta con el 36.31% y 407.863 millones de metros cúbicos, lo que indica una reducción de 83.086 millones de metros cúbicos respecto al año anterior.
Este descuido gubernamental se entrelaza con un crecimiento poblacional explosivo y un desarrollo urbano descontrolado, especialmente en la Zona Metropolitana de Monterrey, la cual ha duplicado su tamaño en las últimas tres décadas sin un plan claro para sustentar este crecimiento con recursos hídricos adecuados.
El escenario actual es resultado de años de omisiones: la falta de diversificación en las fuentes de agua, la ausencia de uso de aguas tratadas, el mantenimiento insuficiente de las infraestructuras existentes y la negligencia en la reducción de fugas. Además, proyectos como el Plan Hídrico Nuevo León 2050 y Monterrey VI, que podrían haber sido soluciones parciales al menos, fueron desechados o suspendidos entre controversias y acusaciones de corrupción.
Ante esta grave crisis, las preguntas surgen incómodas, pero necesarias: ¿Por qué seguimos en este punto? ¿Cuándo se tomarán las medidas drásticas que esta situación demanda? ¿Qué hace falta para que los responsables abran los ojos y dejen de tener la llave de grifo abierta con tal de ganar una elección? La población de Nuevo León no solo necesita respuestas, sino acciones concretas y sostenidas que garanticen su seguridad hídrica.
Es esencial que el Gobierno estatal, con apoyo del federal, deje de guardar en el cajón los estudios y planes que podrían mitigar esta crisis y comience a implementar soluciones reales que no solo aumenten la oferta de agua, sino que promuevan un uso más racional y sostenible del recurso. La gestión de riesgos, la inversión en infraestructura adecuada y el fomento de una cultura de conservación del agua son pasos indispensables que deben tomar de inmediato.
Nuevo León y, por extensión, otras regiones del país, están en un punto de inflexión crítico. La historia nos juzgará por la inacción de hoy y por nuestra incapacidad o voluntad para enfrentar y resolver la crisis que ya está a nuestras puertas.
Las problemáticas no son un hallazgo que surgió una vez que el agua faltó, a lo largo de los años se han apuntado abusos y falta de acción de los gobiernos. A nadie debería tomarnos por sorpresa.
