La consulta popular por la revocación de mandato, programada para el domingo 10 de abril, es un arma de doble filo. Por un lado, hay estados que actualmente se encuentran en un proceso electoral local abierto, como el caso de Hidalgo, lo que coloca en una posición diferente a los actores políticos en turno.
De acuerdo con el INE, no deben existir mensajes de difusión, apoyo o comunicación, respecto al Presidente, con la intención de no inclinar la balanza de un lado más que del otro.
Es decir, a poco más de un mes para la consulta, se puede influir si se toma en cuenta la exposición mediática diaria, las redes sociales, y ahora hasta los espectaculares.
Los consejeros electorales del país dejaron en claro que si bien las organizaciones de la sociedad civil pueden promover el ejercicio de revocación y aunque no son sujetos regulados a las reglas de fiscalización, pueden ser investigadas si incumplen y utilizan recursos prohibidos de los partidos políticos o provenientes de las arcas de los gobiernos de cualquier índole. En Hidalgo, por eso los partidos políticos han comenzado a levantar la voz e incluso a dar a paso a las primeras quejas y demandas.
Los partidos políticos tienen prohibida la realización de actividades que impliquen gastos en las diversas etapas del proceso de la revocación, primero, porque estamos en veda, y segundo, porque en Hidalgo se está en etapa de intercampaña, rumbo a lo que serán las candidaturas para la elección.
Por eso es que no suena descabellado que se hayan iniciado quejas tanto de un lado como del otro, aquí nadie se salva. Los del poder federal, porque quieren el poder en el estado, y los del poder estatal, no les van a dar el gusto así de fácil.
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