En el Congreso del Estado de Hidalgo se realizó el foro de “Profesionalización de la administración pública municipal”, donde el auditor superior Jorge Valverde Islas sostuvo ante alcaldes, funcionarios municipales, regidores y síndicos, la metodología empleada para revisar las cuentas de los gobiernos locales, las finanzas y su uso en los ayuntamientos y las investigaciones que terminan en procedimientos penales.
A más de dos años de haber iniciado las actuales administraciones municipales, es increíble que la mayoría de ayuntamientos no cuente con la capacidad técnica, ni con los recursos humanos, ni materiales para poder solventar sus auditorías como marca la ley.
En Hidalgo, seis presidencias municipales no tienen a su presidente electo en las urnas, debido a que han sido separados de sus encargos y enfrentan procesos penales por delitos como peculado y uso ilícito de las atribuciones, lo que viene siendo parte del desvío de recursos que es parte de la corrupción.
A dos años de gobiernos municipales, no hay una capacidad real de respuesta por la falta de profesionalización en las contralorías, en los cuerpos edilicios, en los titulares de secretarías municipales; vaya, el puesto dentro de un municipio sigue siendo para el amigo, el profesor, el compadre, el hermano o la pareja, quienes al final no realizan una labor como la que se está pidiendo.
Y pasa en todos lados. Municipios como Pachuca, que es la capital, es una muestra; no importa si el alcalde Sergio Baños tiene maestrías o doctorados, o si es bien recibido en Oviedo, España, pues de nada sirve su gestión si no tiene a gente capaz y responsable al frente de sus auditorías, contraloría, vigilancia de recursos y transparencia municipal.
Lo mismo en Mineral de la Reforma, en Tulancingo, en Tula y Huejutla; municipios que son las cabeceras con más población en el estado y que a la fecha presentan muchos detalles en la revisión de sus cuentas.
Para muestra, en marzo está próximo a ventilarse el resultado de la primera auditoría a las cuentas 2021 de las actuales administraciones donde ya hay denuncias interpuestas, de acuerdo con el propio titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
Jorge Valverde Islas, recién desempacado tras su designación por el propio Congreso local, no sólo ratificó que tiene tablas para el cargo para el que fue electo por los diputados, sino que además dejó en claro que son los entes auditados quienes se complican la existencia al desconocer el marco legal que da sustento a la rendición de cuentas.
En su exposición ante alcaldes y diputados, fue muy claro. ¿Cómo se fiscaliza la cuenta pública?, la cuenta pública se revisa, dijo, bajo ejercicios fiscales finalizados, es decir, en 2023 se auditará 2022, lo que no significa que no se puedan revisar las partidas extraordinarias o especiales, como lo que ocurrió con la ya famosa “estafa siniestra”, que fueron recursos obtenidos mediante fondos que se otorgaron a municipios, fuera de sus partidas presupuestales y que hoy tienen, por su falta de comprobación, en la cárcel a presidentes municipales como el de Epazoyucan, el de Huautla, Yahualica, y vinculados al de Pisaflores, Tlahuelilpan y como prófugo al de Nopala de Villagrán.
Valverde explicó con manzanas a los presidentes y a sus funcionarios cómo trabaja la Auditoría.
La Auditoría tienen su metodología, mediante tres áreas sustantivas que son la Dirección General de Auditoría Estatal, la Auditoría Paraestatal y la Auditoría Municipal, basándose en un manual de fiscalización superior.
“Nosotros no perseguimos a nadie, perdón. Si así lo entienden, lo siento mucho. Nosotros tenemos un programa anual de trabajo, en ese programa anual de trabajo, cada dirección general estipula a quien va a auditar, desde el mes de marzo que iniciamos las auditorías hasta el mes de diciembre”, explicó el auditor a diputados, quienes ya tienen al cartilla leída y ahora toca a sus funcionarios ponerse a trabajar y ser transparentes con su gasto, no desviar recursos, o mejor aún, no robar.
Eduardo GonzálezTwitter: @laloflu
