Que esta semana estará en Washington Máximo Vedoya, presidente de Ternium y de la Caintra de Nuevo León, en una labor que representa todo un desafío: defender los intereses de las empresas mexicanas ante los desafíos que plantea la nueva era Donal Trump y su impacto en la economía nacional; sin embargo, el reto cobra mayor relevancia luego del amago del republicano de gravar ahora el acero y aluminio que llega a Estados Unidos, una medida, por cierto, que ya aplicó en su primer mandato en la Casa Blanca y de la que luego desistió.
Que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña, emitirá un pronunciamiento crucial sobre el tema de las suspensiones que otorgaron jueces federales para frenar la reforma judicial y todo indica que los ministros avalarán que los jueces revisen las impugnaciones. Aunque hay algo más, pues una mayoría de togados apunta a señalar que algunas resoluciones que emitió el Tribunal Electoral carecen de validez por ser solo competencia de jueces, lo que augura días de un nuevo e intenso debate.
Que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, perfila un órgano desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo, que suplirá al agonizante INAI; lo que llama la atención es que en las reuniones de transición que se realizan con los comisionados de ese organismo se ha manejado que dicha oficina tendrá influencia de los tres poderes de gobierno e incluso de los órganos autónomos estatales, aunque lo que sorprende es que los partidos políticos y hasta los sindicatos tendrán mano en la operación de ese organismo que será el encargado de garantizar celeridad e imparcialidad en las solicitudes de información. A ver.
Que siguiendo con el tema del INAI, el Tribunal Electoral optó por bajarle el perfil al ex comisionado Francisco Javier Acuña, a quien el año pasado nombró director general de Transparencia, luego de las recientes acusaciones por supuestas extorsiones a la Federación Mexicana de Futbol en las que están directamente vinculados dos de sus colaboradores cercanos: Jonathan Mendoza y Miguel Novoa. Como la presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar, en este organismo no quisieron salir embarrados ni romper la armonía con Palacio Nacional, así que desde el 31 de enero le quitaron el cargo y lo mandaron a la Escuela Judicial.
