Que la controversia interpuesta por el INAI para exigir que se nombre a los comisionados faltantes fue turnada a la ministra Loretta Ortiz, quien resolverá si la admite a trámite, en el entendido de que se trata de un asunto de interés mayor para el Presidente al grado de que ya vetó los nombramientos de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna por considerar que se trataba de un enjuague de Morena y PAN en el Senado. Por cierto, la falta de esos dos integrantes propició que ayer no se completara el quórum en ese organismo y, por tanto, no se desahogaran cientos de impugnaciones ciudadanas, que se irán acumulando con los días.
Que pronto salió la Secretaría de Educación Pública, que dirige Leticia Ramírez, a difundir los recursos que este año destina para diversos programas y apunta que a la UNAM se le asignaron 802 millones 940 mil 354 pesos, lo que no está a discusión, pero no aclara que con oficio CNBBBJ/DGOVAC/0756/2023, fechado el 23 de marzo pasado y firmado por Valeria López, directora de Operación, Vinculación y Atención Ciudadana, la propia SEP responde a la máxima casa de estudios que “las Becas Elisa Acuña no cuentan con recursos presupuestales asignados para el ejercicio fiscal 2023”. Así que no hay que mezclar peras con manzanas.
Que la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que encabeza Víctor Oléa Peláez, cerró filas con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y condenó la iniciativa de ley que acota facultades y atribuciones de los magistrados, vulnerando su autonomía e independencia, por lo que rechaza cualquier modificación al marco jurídico que menoscabe la justicia comicial. “Se trata de una propuesta que intenta sacar a los partidos y a los órganos políticos de los controles de regularidad constitucional”, se lee en la declaratoria de ese grupo.
Que el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, ordenó a todos los funcionarios estatales garantizar la seguridad “de los hermanos centroamericanos, sudamericanos o de cualquier parte del mundo que estén en tránsito por la entidad”, todo en coordinación con el INM que aún dirige Francisco Garduño. Ese fue el mensaje que llevó Raúl Meraz, subsecretario de Gobierno, a la reunión de autoridades federales y locales en las oficinas de Migración de Gómez Palacio, donde acordaron privilegiar la protección de derechos humanos.
