Que debe haber alertas amarillas entre las autoridades mexiquenses, luego de la extraña coincidencia de las dos muertes de personajes ligados al caso Ayotzinapa registradas en territorio estatal este fin de semana. Se trata de un juez que en su momento benefició al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, absuelto de la acusación de secuestro hace menos de dos semanas, y un presunto sicario ligado a Guerreros Unidos que había sido involucrado en la investigación por el caso de los 43 normalistas. Podría ser casualidad… o no.
Que los camioneros van ligando triunfos en sus frecuentes exigencias: La secretaria del Medio Ambiente, Alheli Rubio Arronis, ha confirmado que no los tocarán ni con el pétalo de un vistazo acerca del Hoy No Circula que comenzará en el Valle de Toluca y zona Tianguistenco el próximo mes y, por otra parte, la Secretaría de Movilidad se ha pronunciado por el control, en diversas zonas, de los taxis colectivos irregulares que le hacen mala competencia a las empresas transportistas.
En este sentido, solo falta que del otro lado del Estado de México ni se investiguen las abiertas amenazas que han denunciado usuarios y choferes de transporte de personal de diversas empresas en la región de Huehuetoca, por parte de la línea Autobuses México Zumpango. La AMZ, de acuerdo con la versión de los afectados, está recurriendo a prácticas mafiosas al ver minados sus intereses con la prestación que los empleadores otorgan a los trabajadores. Lo que hay que ver.
Que en otro asunto, el del Desarrollo Económico en la entidad, a pesar del difícil entorno internacional se siguen destacando los logros en cuestión de inversión foránea, pues hasta las grandes automotrices están defendiendo firmemente las ventajas de estar asentadas en territorio estatal; y en cuanto a generación de nuevos empleos, es un tema que ha colocado a la entidad a la vanguardia en las mediciones, cuando a nivel nacional hubo un retroceso en la materia.
De ahí que los recientes rankings del IMCO resulten contradictorios, aunque esto se explica porque los índices nacionales de competitividad que exponen se derivan de numerosos factores que no siempre dependen de las administraciones estatales.
