Que ayer se armaron varios debates en el Congreso local, empezando por el exhorto para que la Función Pública investigue un presunto desvío de más de 800 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que el gobierno de Hidalgo depósito en un fondo de inversión de un banco que se declaró en quiebra, lo que enfrentó posturas entre Morena y PRI, en particular entre Julio Valera y Fortunato González. Por cierto, la pésima dicción en la lectura del acuerdo económico a cargo de la diputada Sharon Macotela fue calificada de lamentable.
Que otro de los temas que causó revuelo ayer en el Legislativo fue la protesta de pobladores de San Agustín Metzquititlán, quienes acusan al presidente municipal, Manuel Téllez Romero, alías Manolo, de haber autorizado la extracción de material pétreo del río San Santiago, una zona protegida por los habitantes y que dicen, no se les consultó, por lo que quieren añadirlo a la lista negra de ediles del PRI que pueden ir a juicio político en su actual gestión por la inconformidad social. ¿Se imaginan cuando esté la revocación de mandato?
Que otro fiasco resultó el foro organizado por Jorge Mayorga, ex diputado local de Morena, actual director del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del estado, en el que se convocó a periodistas y defensores de derechos humanos de la región de la Huasteca, ya que se careció de mesas de trabajo y de una amplia convocatoria, y donde incluso el propio Mayorga, ante la crítica y señalamiento de uno de los participantes, se bajó del templete de forma retadora para amedrentar a un asistente que tomó la palabra. Lo bueno es que están buscando un mecanismo de protección.
Que los que sí salieron contentos fueron los miembros de la Sección 15 del SNTE en Hidalgo, quienes ayer se reagruparon con la nueva dirigencia que estará a cargo del profesor Said Vargas, quien prometió una transformación con la generación de nuevas relaciones entre los trabajadores y el sindicato, un acercamiento de puertas abiertas y buscar la defensa de los derechos obtenidos desde hace muchos años y que se han ido perdiendo o intercambiando por favores y prebendas con los políticos.
