Que resulta que, luego de que la Fiscalía General del Estado anunció con bombo y platillo el viernes pasado sobre un cateo en una finca de Dolores Hidalgo, donde fueron localizadas 700 personas originarias principalmente del sur del país, la empresa agrícola que estaba a cargo denunció que fueron cometidos abusos durante el operativo.
El representante legal de la empresa, Jesús Espinoza Moreno, aseguró que ya se alistan acciones legales en contra de la Fiscalía General de Estado, por presuntos actos de abuso de autoridad y obstrucción de operaciones laborales, según la versión del apoderado; dicen que los agentes que estuvieron ahí se llevaron efectivo, documentación interna, contratos y hasta el servidor de videovigilancia.
Por cierto, el hecho lo aplaudió la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo en su programa Conectando con la gente; dice el representante de la empresa que ya tienen más de 15 años laborando en zona y con ese servicio donde llegan “miles de trabajadores”; lo que indica que si laboran en las mismas condiciones desde entonces, la autoridad sí tiene que hacer algo, las fotografías que se hicieron públicas muestran la precariedad en que viven hacinadas decenas de personas. La pregunta es ¿quién los ha dejado operar así?
La Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado ante las acciones legales que emprenderá la empresa y los señalamientos de los presuntos delitos de que se les acusa a los agentes de investigación. Por cierto, quien estuvo en el lugar fue el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste supervisando de primera mano el operativo. Ahora habrá que esperar y ver en que termina esta película. Si la denuncia se presenta en el estado, la FGE será juez y parte; el hecho puede escalar si se presenta en el ámbito federal.
Ahora se busca que Guanajuato sea pionero a nivel nacional en atención de menores, hijos de madres que fueron víctimas de feminicidio o que se encuentran desaparecidas, con la creación de un fondo que arranca con 5 millones de pesos y que será complementario al que ya ejerce la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo confirmó que en esta situación hay 168; aunque aguas, la cifra puede ser mucho mayor.
