Que continúan sumándose nombres a la organización México Republicano, ahora sería, quien fue la secretaria general del PRI en León, Araceli Escobar Chávez, y ex regidora quien andaría guiñándole el ojo a quienes llevan el proyecto en Guanajuato.
La priista que por cierto sigue militando en el tricolor, habría estado este domingo en la Ciudad de México en el Hotel Imperial donde se realizó la toma de protesta como secretario nacional de Organización de Juan Manuel Oliva Ramírez, un dato que, por cierto, ya traen en el radar en la dirigencia del partido en León. Ahora solo será cuestión de tiempo para ver si presenta o no su renuncia.
Como regidora del tricolor, Araceli Escobar renunció a la secretaría general del Comité Directivo Municipal del PRI, y a cualquier actividad del partido, en protesta por el entonces registro de Ruth Tiscareño Agoitia para un segundo periodo como presidenta estatal de ese partido, cargo que sigue ostentando, además de ser diputada local. Y que no solo enojó a Araceli sino a varias priistas. Por cierto habrá más nombres que se sumen en los próximos días.
Y por cierto tras la negativa del PAN, así como las diputadas del PRD, PRI y Verde quienes votaron en contra la despenalización del aborto en el Congreso de Guanajuato, diputados locales de Morena buscan una segunda alerta de género en la entidad, esta vez dicen que por agravio comparado, a esto se suma de manera paralela un amparo colectivo ya promovido por 10 mujeres.
Por lo que los guindas ya hicieron una solicitud ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) para que como autoridad competente acorde a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, solicite la declaratoria de esta nueva alerta en la entidad.
Actualmente Guanajuato tiene una Alerta de Género decretada por la Conavim en 2024 en 17 municipios de la entidad, derivado de la violencia homicida, feminicida y de la desaparición de mujeres. En el caso de la alerta por agravio comparado, es un mecanismo previsto en la ley desde el año 2006, el cual se solicita al detectar que mujeres de una entidad, gozan de “menos derechos” con respecto a las de otros estados.
