Que quien mañana se reúne con la plana mayor de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz es la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por Guanajuato, Libia Dennise García, quien tendrá la oportunidad de exponer al sector su visión respecto a temas que preocupan a los empresarios como el de la electromovilidad y sobre todo el de la seguridad.
Y es que para nadie es desconocido el alto perfil que ha adquirido el estado de Guanajuato para la industria automotriz dada la gran cantidad de armadoras y empresas que fabrican componentes para esta industria por lo que es de destacar el interés del acercamiento con la candidata quien estará en la sede de la AMIA en la Ciudad de México.
Que quien no ve lo duro sino lo tupido, es el alcalde priista de Romita, Oswaldo Ponce Granados, quien en escueto comunicado trató de justificar la contratación de una empresa a la que se le han otorgado recursos por 19 millones de pesos asegurando que esta ha sido fiscalizada por la Auditoría Superior del Estado sin encontrar irregularidades.
Sin embargo se mantiene en la sospecha el hecho de que el apoderado legal es funcionario de su administración cuyo cargo es ni más ni menos que el de Supervisor de Contraloría y Obra Pública. Es decir el encargado de evitar la corrupción en los contratos ¿Qué cosas no?
Que ahí es donde se vuelve urgente que el Congreso de Guanajuato resuelva la iniciativa de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas del Gobierno del Estado y de sus Municipios, pues con ello se busca tener un padrón confiable de proveedores que no deje margen a las irregularidades.
Este padrón impedirá que quienes sean señalados de actos de corrupción puedan ser contratados en otros municipios como es el caso aquí mencionado y que obtuvo contratos también por la administración de Salamanca, que encabeza César Prieto, cuyo monto asciende a 3 millones de pesos. El tema aquí es que ninguna contratación debe de verse manchada siquiera por la sospecha.
