La celebración de las fiestas patrias, aunque siempre es entusiasta, deja mal sabor de boca. El motivo principal de la celebración es la “independencia” de México. Pero al hacer una revisión de la historia financiera del país, lo que viene a la mente es que sin independencia económica, no existe independencia política.
La intervención francesa por la insolvencia del gobierno mexicano fue en su tiempo, un claro ejemplo de esta situación.
La deuda externa de un país puede ser el grillete que lo ate en esclavitud a su amo, sea éste un gobierno extranjero o una institución de crédito de talla internacional.
No es posible que un país como México, con deudas interna y externa verdaderamente estratosféricas, celebre su “independencia” como nación “soberana”. Las reformas aprobadas por el congreso, muestran claramente cómo un país “comparte” sus recursos con otro, por causa de las quiebras causadas por la corrupción.
Pemex debería ser la industria insignia mexicana, ejemplo y orgullo de empresa nacionalista. Debería ser una industria generadora de recursos para toda la ciudadanía. Pero pareciera que de verdad esos recursos los hubiera “escriturado el diablo” (como decía López Velarde) para meter “cizaña” entre los mexicanos: corrupción, dilapidación de recursos, impunidad, y finalmente, entreguismo al extranjero.
Si funcionara sin corruptelas ni impunidades, Petróleos Mexicanos podría generar los fondos para las cada vez menores pensiones de los jubilados y elevar el ingreso de las familias, y aún le sobrarían excedentes para crecer como empresa.
Pero nos encontramos con realidades diferentes. El neoliberalismo extremo ha infectado desde el extranjero a nuestras instituciones. En la práctica, no solo Pemex, sino la nación entera funcionan bajo un esquema patrimonialista empresarial –nacional y extranjero- que para nada contempla a la ciudadanía como una comunidad beneficiaria de la riqueza del país.
Es decir, pareciera que los gobiernos nacionales aceptan cada vez más la idea de que sólo hay gobernantes y gobernados; que los gobernantes son los “accionistas” de una empresa llamada “México” y los gobernados, simples “trabajadores” a sueldo, legalmente ajenos al capital y a los beneficios (excedentes) de la empresa.
En el fondo, esta visión utópica de una nación en la cual la ciudadanía percibe los beneficios de la riqueza de su país topa con la firme creencia oligárquica de la desigualdad social de los mexicanos, con la corrupción generalizada y la impunidad.
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