A 13 años de haber sido perseguida por las autoridades tras su investigacion sobre una red de pederastas que operaba en Quintana Roo e involucraba a personajes del escenario político del país, la periodista Lydia Cacho recibió finalmente una disculpa por parte del Estado Mexicano.
Los hechos, el proceso de litigio, las omisiones de dos administraciones federales, son temas que se han debatido en la última década, y ante los hechos es ahora necesario pasar a lo que significa en el contexto del actual sexenio.
En el acto protocolario del 12 de enero, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo: “El poder público y el poder político no estarán subordinados al poder económico, y para enfatizar que estaremos protegiendo a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia”.
Si esto es una promesa, hay una serie de cambios que se tienen que hacer desde dentro del aparato federal y los estatales.
Las agresiones contra periodistas se enmarcan en un círculo vicioso de impunidad y corrupción; adicionalmente la falta de capacitación de los elementos de seguridad en el uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos, como la libertad de expresión, ha favorecido su aumento.
En materia legislativa, ha habido avances y retrocesos: existe una Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y un mecanismo que vigila el cumplimiento de esta ley, pero en algunos estados aún existen los llamados delitos contra el honor.
Desde su inicio, en noviembre de 2012, y hasta julio de 2018, el mecanismo ha brindado protección a 381 mujeres y 567 hombres. Sin embargo, las medidas preventivas han resultado poco eficientes, lo cual es resultado de la falta de autonomía que tienen para diseñar medidas efectivas.
Existen instancias de gobierno dotadas de un andamiaje jurídico y facultades para investigar y sancionar los delitos contra la libertad de expresión. No obstante, son más los casos que permanecen impunes que aquellos que tienen una resolución favorable. Si realmente hay voluntad de proteger la libertad de expresión, hay mucho camino por delante.
