El abasto de agua en Nuevo León, pero principalmente en la cada vez más grande zona metropolitana de siempre está contrarreloj y a merced del clima.
Y ahora que el Congreso de Nuevo León aprobó que el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) reestructure su deuda, para que pueda pedir más deuda para la construcción de la presa Libertad, es importante hacer reflexionar un poco sobre el asunto del robo de agua.
El año pasado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey dijo que en los dos años anteriores se habían invertido 340 millones de pesos en estrategias de eficiencia y tratamiento del agua, lo que nos hizo pensar que en alguna medida se estaba combatiendo el robo de agua y las fugas.
Para sorpresa de todos, la semana pasada nos enteramos por el mismo director de SADM que existen, según sus cálculos, 100 mil tomas de agua clandestinas, que reciben agua de la red y no la pagan. No se dijo nada sobre si son viviendas de bajos recursos o son también empresas o industrias, pero la estimación es que se roban cada año el equivalente a la mitad de la presa de La Boca.
Este robo, estos huachicoleros del agua, significan una pérdida en la facturación total, de manera que si hoy se habla de construir la presa Libertad para abastecer el crecimiento de la ciudad, siempre sería recomendable disminuir las pérdidas de agua.
En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Pero esa resolución de la ONU, amigo lector, no significa que las personas tengan derecho a robarse el agua de las tuberías y tampoco que no se les pueda cortar si no pagan, porque el agua en la llave de la casa es un servicio y se debe pagar. El derecho al agua aplica y se puede exigir, pero eso no incluye la entrega a domicilio.
El Congreso de Estado prepara una ley antihuachicoleo del agua porque aseguran que esta variante del robo no está tipificada y si acaso se sanciona, la multa no es de más de 800 pesos; buscarán elevar el delito y que se castigue con cárcel.
Salvo su mejor opinión, amigo lector, endurecer las leyes contra quienes buscan tener agua puede parecer muy rudo, pero recordemos que si no se modifican, la pequeña multa la pagan tanto una vivienda como una industria, de manera que sí es necesario distinguir las formas del robo y cuantificarlas.
Más allá de reducir las fugas y robos, el problema de abasto de agua se debe atacar con un plan integral. Tal como lo persigue el Fondo Metropolitano del Agua en Monterrey que, entre otras cosas, considera el abasto de agua como parte de un ecosistema general, de manera que al cuidar la vegetación (árboles y plantas) de las cuencas, se cuida al mismo tiempo el agua.
Y para quienes ponen en duda que se deban invertir los 2 mil 500 millones de pesos en la construcción de la presa Libertad, ayer el Fondo Metropolitano del Agua, en voz de Rodrigo Crespo como representante, aseguró que la presa se integra perfectamente al Plan Hídrico 2050 que se ha estudiado.
“Lo que recomendamos al gobierno del estado es desarrollar una serie de proyectos de agua subterránea como los pozos de Ballesteros, el Obispado, el Pajonal, la Unión, Conchos, San Francisco, además la presa Libertad y además un proyecto de reducción de agua no contabilizada”, dijo.
Entonces faltan proyectos por hacerse para garantizar el abasto de agua, pero también hay que reducir lo que no se contabiliza, el robo, el huachicoleo del agua.
Todo parece indicar que el punto de partida para mejorar el suministro de agua es detener el robo, ya las autoridades deberán decidir si se persigue o nada más cortan las tuberías, porque 100 mil tomas no es cualquier cosa, son más de 100 mil personas afectadas, además de empresas e industrias… y la ley debe contemplar un trato parejo para todos… o usted, ¿qué opina?
