Por: Francisco Valdés Ugalde
Ilustración: Patricio Betteo, cortesía de Nexos
La iniciativa en comento oficializa y profundiza algunas de las políticas que se han cuestionado desde la comunidad científica y que violan derechos humanos fundamentales. Partamos de lo más importante: cualquier postura científica y epistemológica es susceptible de refutación. Al proceder, como lo hace el proyecto del Ejecutivo, a establecer una orientación epistemológica predeterminada como marco desde el que el gobierno y sus órganos especializados tienen la obligación de implementar las políticas de HCTI viola el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad académica, de investigación y de cátedra, en intenta fijar desde el gobierno una doctrina epistémica de Estado desde la cual se autorizan o desautorizan formas de pensamiento, de realizar investigación y difundir el conocimiento. Esta función no corresponde al Estado ni mucho menos al gobierno. El siglo XX enseñó a la humanidad que las doctrinas de Estado son la raíz del totalitarismo. La validez científica corresponde ser juzgada por los interlocutores calificados y por la opinión de la sociedad en plenas condiciones de libertad de pensamiento y expresión sin la intromisión del gobierno. Fijar una doctrina científica como doctrina del Estado es lo mismo que establecer un dogma de pensamiento desde el cuál se validan o descalifican las formas de actividad académica e intelectual.
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