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Políticas públicas de seguridad feministas

Bolivia tiene una de las mejores innovaciones sobre seguridad ciudadana en América Latina.

Por Abril M. Ramírez Vega

Ilustración: Belén García Monroy, cortesía de Nexos

Actualmente el mayor acceso a los datos estadísticos sobre la violencia de género proviene de asociaciones civiles. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró en 2020 948 feminicidios, 16 544 violaciones, 4050 casos de violencia de género distinta al ámbito familiar, 454 casos de trata de mujeres y 220 031 casos de violencia familiar en contra de la mujer. Al tomar en cuenta que ese mismo año el 98.6%  de los casos de violación no fueron denunciados, la cifra aproximada total sería de 32 857 casos. Estas cifras reflejan el terrible fracaso de las políticas públicas de seguridad para prevenir y atender la violencia de género, así como la corrupción, la falta de legitimidad de las autoridades, el sistema penal punitivista, y un sistema de seguridad basado en la militarización policial. Esto, por supuesto, no es un caso exclusivo de México. Las tasas más altas de feminicidios por cada 100 000 mujeres se registran en Honduras (6.2), El Salvador (3.3), República Dominicana (2.7) y Bolivia (2.1). No obstante, en 2016 el Instituto Igarapé junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial mencionaron en uno de sus artículos que Bolivia tiene una de las mejores innovaciones sobre seguridad ciudadana en América Latina.

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Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de Notivox DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
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