Por: Grupo de Trabajo sobre Violencia y Alimentación de la Red Latinoamericana de Alimentación, Cultura y Sociedad
Ilustración: Belén García Monroy, cortesía de Nexos
Los vínculos del crimen organizado con el sistema alimentario han sido documentados desde hace varios años en México, especialmente por el periodismo y organizaciones de la sociedad civil dedicadas al ambientalismo o al acompañamiento de víctimas de violencias, entre otras causas relacionadas con la justicia social. El seguimiento de estos análisis deja ver que cada vez son más los tramos de la cadena de abasto alimentario en los que los actores de las violencias están involucrados, bajo la omisión, permisibilidad o incapacidad estatal. No es sólo la extorsión a productores de alimentos específicos como el aguacate o el limón, o el cobro de derecho de piso a comerciantes. Es cada vez más frecuente que los grupos delincuenciales también trastoquen el desplazamiento de mercancías, se apoderen de puntos de venta estratégicos, decidan quién puede vender o no ciertos productos —pollo, leche, huevo, refrescos, cervezas—, establezcan arbitrariamente los precios de los alimentos o los afecten de manera indirecta perturbando su distribución y comercialización, generando prácticas de acaparamiento y especulación entre actores económicos formales e informales. También se ha documentado la intervención del crimen organizado en los programas de asistencia social y en la gestión de apoyos alimentarios en momentos de crisis que estos grupos aprovechan para cubrir vacíos en la acción del Estado, con abono a sus propios intereses.
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