Por: José Antonio Cervantes Gómez
Ilustración: Ricardo Figueroa, cortesía de Nexos
¿Por qué si la 4T representa un cambio de paradigma en la forma de hacer gobierno y entender la política social, insiste en evaluar sus programas prioritarios únicamente desde una matriz de conocimientos que ninguno de sus adeptos consecuentes vacilaría en catalogar como “neoliberal”? Este cuestionamiento no pretende menoscabar la labor que instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han realizado durante las últimas dos décadas, pero sí pretende discutir que el establishment de la evaluación en México ha suscrito, por muchos años ya, un paradigma de la evaluación que se ajusta —de manera casi dogmática y acrítica— a metodologías y supuestos teóricos que permanecen siendo objeto de disputa en el ámbito académico, particularmente en las ciencias sociales.
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