Por: Jacinto Rodríguez Munguía
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Hay dos elementos que deberían hacernos dudar que en el futuro cercano podamos ver algún resultado distinto al que se ha repetido en la historia de las comisiones y fiscalías para procesar el pasado. Primero, el sutil control de acceso a los archivos y la calculada administración de la historia en el gobierno actual. Así como la apertura de archivos generó investigaciones importantes tanto académicas como periodísticas durante al menos los primeros diez años, en 2012 regresó el PRI al poder e inició un lento retroceso en todo lo ganado. Las puertas abiertas se fueron cerrando con las llaves de la burocracia y con laberintos administrativos. Y, segundo, el papel tan importante que en este sexenio tiene uno de los grupos sociales con mayor responsabilidad: el ejército mexicano. Veo lejano que en la lista de los presuntos culpables se incluyan los nombres de los altos mandos militares involucrados en la masacre de 1968, en el Halconazo y en la Guerra Sucia. Difícil tarea para la nueva comisión nacida por decreto oficial, cuando el poder presidencial tiene tanta influencia como en el pasado del que hablamos y en un momento en que las fuerzas armadas cuentan con el apoyo y respaldo del Ejecutivo. Al igual que en el pasado.
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