Por: Itzel Eguiluz
Ilustración: Patricio Betteo, cortesía de Nexos
Cuando se presenta una pandemia es urgente y necesario implementar las mejores políticas públicas en salud. Sin embargo, y a pesar del mundo interconectado y global en el que vivimos, un gran número de países cerró sus fronteras para intentar disminuir la transmisión del nuevo coronavirus, priorizando lo local e individual sobre lo social y colectivo. El cierre de fronteras es una clara violación de los acuerdos y normas internacionales sobre salud pública global. Pensemos, por ejemplo, en el principio de no devolución, que según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 “afirma que una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad”. Durante los primeros meses de la pandemia, la reconocida revista científica The Lancet publicó un texto que explica porque las decisiones sobre el cierre de fronteras deberían tener sustento y evidencia científica y seguir las recomendaciones de la OMS, esto para evitar violaciones al Reglamento Sanitario Internacional. Esto no sucedió, pero incluso si dejamos de lado la legislación internacional y la discusión de los tratados y regulaciones, cabe recordar que la salud es un derecho humano.
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