Por: Lisbet Brizuela
Ilustración: Pablo García, cortesía de Nexos
El Censo de 2020 muestra la variedad de personas que están detenidas en instituciones mexicanas, algo que sólo hace que la discriminación sea múltiple e interseccional. Las personas en instituciones corren mayores riesgos cuando son niñas, niños o adolescentes, personas señaladas por el uso problemático de sustancias, migrantes, personas en situación de calle, personas adultas, mujeres o indígenas. Las niñas, niños y adolescentes son detenidos en instituciones por falta de alternativas familiares; cuando son indígenas, muchas veces se ven obligados a vivir en internados para recibir educación lejos de sus familias. Las personas con discapacidad no cuentan con vivienda, atención médica ni servicios básicos, lo que las obliga a vivir institucionalizadas indefinidamente. Las mujeres que han sido víctimas de violencia se enfrentan a la falta de alternativas comunitarias para protegerlas y tienen que vivir en albergues u otras instituciones. Hay una amplia literatura sobre los riesgos que conlleva la institucionalización para garantizar los derechos humanos. No importa si se trata de una institución con cien u ocho personas, estos entornos son altamente abusivos, se infringen tratos crueles, inhumanos y degradantes.
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