Por: Sebastián Inchaustegui Arroyo, Jaime Olaiz González y Daniel E. Torres Checa
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Hemos advertido que uno de los enemigos del actual titular del poder ejecutivo son los órganos constitucionales autónomos. El presidente los entiende lejanos a su agenda. Los acusa de facilitar privatizaciones, permitir despojo de bienes nacionales y ser parte de la política neoliberal. Hace apenas unos días su sentencia era muy clara: “son organismos que deberían desaparecer”. Pero la lucha del poder político contra los OCAs no ha sido uniforme, aunque sí insistente. La estrategia ha consistido en recortar y reducir su presupuesto, desacreditarlos públicamente, destituir a sus directores y, en casos más extremos, eliminarlos a través de reforma constitucional, como sucedió con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Lo que está sucediendo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) forma parte de ese programa, pero en un modo más sutil. El presidente, simple y sencillamente, dejó de nombrar a comisionadas y comisionados que deben integrar el pleno de estos organismos. En los hechos, los organismos existen, pero no pueden funcionar con normalidad.
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