Por: Guido Félix
Ilustración: David Peón, cortesía de Nexos
Lo primero que debe saberse es que nuestro sistema educativo nacional es como una cebolla; los libros de texto gratuitos representan tan sólo una de las múltiples capas que tiene dicha estructura. Con esta analogía podemos identificar al menos tres niveles en la discusión sobre los libros de texto gratuitos: la pedagógica-didáctica, profundamente abordada por los expertos y docentes con las filtraciones que han circulado en las redes; la política-ideológica, expresada en la propaganda difundida por los funcionarios y las funcionarias de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con un discurso maniqueo que descalifica totalmente por lo menos los últimos 35 años de la educación pública en México, y finalmente el legal o jurídico, que es quizás el menos glamoroso y por lo mismo el menos discutido. Es el nivel que aquí expongo: explico por qué la aplicación de la Nueva Escuela Mexicana en la aulas no dependerá —al menos legalmente— de la SEP, sino de los tribunales. Los funcionarios del Estado mexicano, en este caso los que dirigen la política educativa, son los primeros encargados de velar y hacer cumplir las leyes en materia educativa. Cuando por ignorancia o por dolo dichos empleados federales ignoran o quebrantan el orden legal incurren en faltas que pueden ser castigadas con una sanción administrativa o incluso la cárcel, dependiendo de la gravedad del daño ocasionado.
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