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Una compra de carbón que evidencia riesgos de corrupción en CFE

La política energética de Andrés Manuel López Obrador ha dado mucho de qué hablar. No obstante, la discusión ha omitido un ángulo relevante para el espacio público: los riesgos de corrupción.

Por Viviana Patiño Alcalá

Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos

Transparencia Internacional ubicó a México en la posición 124 de 180 países en su Índice de Percepción de Corrupción 2020. Esta posición lo mantiene como el país miembro de la OCDE peor evaluado, y lo coloca por debajo de países no-miembros como Ruanda, El Salvador, Mongolia, Panamá, Nepal y Nigeria. Respecto a los miembros del G20, México ocupa el penúltimo lugar, sólo por encima de Rusia. Este escenario de altísima percepción de corrupción demuestra que debemos tomar en serio este reto y hacerle frente con una estrategia ambiciosa. México ha realizado cambios relevantes en el sector energético que centran la política energética en dos empresas públicas. Esta decisión incrementa el riesgo de corrupción. Adicionalmente, si las estructuras de supervisión de las empresas públicas son deficientes y los sistemas de gobierno y de gestión son débiles, la consecuencia puede ser la intervención inadecuada de políticos y funcionarios en la administración de las empresas públicas; lo cual abre la puerta al soborno, el robo de activos y otras formas de corrupción.

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