Por: Darío Ángeles y Orlando Vázquez
Ilustración: Ricardo Figueroa, cortesía de Nexos
En aquel momento la reforma tenía tintes de pretender ser un medio para lograr la adquisición de vacunas para hacer frente al covid-19, pero la realidad es que se estableció un mecanismo que de hecho evade las reglas de contratación pública del Estado mexicano en cualquier caso de compras en materia de salud. Dos años y medio después de esta reforma, el 16 de febrero de 2023, el asunto se terminó de discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde ante la ausencia de una mayoría calificada de 8 votos, se desestimó el proyecto, sin un pronunciamiento sobre su inconstitucionalidad. O, en otras palabras, la norma se mantiene vigente a la fecha. A pesar de la trascendencia que tiene el asunto, en términos de las implicaciones para la administración pública federal y el sistema de derecho administrativo en el país, la discusión pasó más bien de largo y a nadie alarmó ni un poco el caso. Por ello, y para llamar la atención del asunto, es que en las siguientes líneas queremos abordar las razones por las cuales el caso (y su solución) tiene enorme relevancia.
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