El aprendizaje de los gobiernos y los países es la clave para alcanzar las mejores prácticas y mayor eficiencia en materia de infraestructura, afirma Eduardo Engel. Doctorado en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en estadística por la Universidad de Stanford, el ingeniero chileno habla con la autoridad de quién ha dedicado su vida a la docencia y el análisis de la infraestructura.
La eficiencia, dice, debe ser el criterio para definir dónde invierten los gobiernos en materia de infraestructura y cuándo deben asociarse con la iniciativa privada.
Engel, quien participará en el Foro de Infraestructura de Notivox este 21 de septiembre, destaca que la construcción es un terreno fértil para la corrupción por las grandes sumas de dinero que se manejan. Asesor del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, destaca el ejemplo de Reino Unido en materia de combate a la corrupción y, en América Latina, el caso de Chile y el avance de México.
En su blog ha comentado sobre la crisis que viven los gobiernos para afrontar ellos mismos las inversiones en infraestructura, lo cual también afecta su crecimiento, ¿es una situación común en América Latina? ¿Por qué?
Desde el punto de vista fiscal, al menos en una perspectiva dinámica, los recursos fiscales que se requieren para proyectos de infraestructura son los mismos bajo provisión pública y bajo una asociación publico-privada. Por ejemplo, si se trata de un servicio donde no se cobra, como un hospital o una escuela, el dinero que ahorra el fisco al no tener que construir la obra es, en valor presente, igual al dinero que debe pagar al concesionario durante la duración del contrato.
Alternativamente, en el caso de una carretera que se financia con peajes de los usuarios, el dinero que ahorra el Estado al no tener que construir la carretera tiene como contraparte que el concesionario recauda los peajes durante la concesión, dinero que pudo haber recaudado el Estado si la provisión hubiese sido pública.
Nuevamente, en valor presente el gasto fiscal es el mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, el criterio para elegir una concesión por sobre una obra pública para proveer un servicio de infraestructura debiera ser qué es más eficiente, es decir, que provee infraestructura de mejor calidad a menor precio. Y, con contratos bien diseñados y una gobernanza adecuada. Este es el caso, por ejemplo, para las carreteras.
Las empresas privadas que están invirtiendo cada vez más (y supliendo este rol del Estado) a cambio de largas concesiones, ¿son una buena opción? ¿Cuáles son los pros y los contras en cada caso?
La experiencia con concesiones lleva casi tres décadas. México es uno de los países donde han habido varias generaciones de concesiones, cada una mejorando en el diseño de contratos y la gobernanza respecto de la anterior.
Yo diría que a estas alturas está claro que para concesiones de carreteras, y en general de infraestructura de transporte, sabemos cómo hacerlo para que sean más eficientes que la provisión pública. En cambio, en el caso de hospitales, por ejemplo, todavía estamos aprendiendo y diría que falta acumular más evidencia para tener un dictamen al respecto.
Hay muchos tipos de infraestructura que pueden subrogarse al sector privado, ¿cuáles son los más beneficiosos y cuales ayudan a generar más empleo de manera inmediata?
Es importante tener presente que desde el momento en que se decide concesionar un proyecto hasta que comienza la construcción, si las cosas se hacen bien, transcurren de tres a cuatro años. Luego entonces, las concesiones no son la receta para crear empleos en el corto plazo. En ese caso es mejor considerar programas de manutención de la infraestructura existente.
Como presidente de Espacio Público, gran parte de sus columnas y artículos giran en torno a la opacidad y la corrupción, ¿por qué suele haber una relación entre concesiones y corrupción? ¿Cuál es el huevo o cuál es la gallina?
La provisión de infraestructura en general, sea esta pública o mediante concesiones, es un terreno fértil para la corrupción. Casos recientes son el de Petrobras en Brasil y el de Bárcenas en España.
El problema es que se trata de un sector donde se invierten grandes sumas de dinero y donde las ganancias de los privados dependen de decisiones con grados importantes de discrecionalidad de la autoridad. Esto, unido a la falta de transparencia en el financiamiento de la política, es un caldo de cultivo para situaciones de corrupción.
¿Cuál país sería un excelente benchmark de buenas prácticas de matrimonios honestos entre IP y gobierno?
Creo que es importante distinguir entre países capaces de aprender de su experiencia y los que no aprenden; lo que importa es la velocidad con que se da este aprendizaje y en qué medida se aprende no solo de la experiencia propia sino también de la ajena.
Una iniciativa muy interesante, del Economist Intelligence Unit y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el Infrascopio, que mide el entorno general para las asociaciones público-privadas en infraestructura en 19 países de América Latina y el Caribe. Este indicador coloca a México en el cuarto lugar de la región en 2014, el último año en que se publicó, con avances importantes desde la medición anterior.
El primer lugar lo sigue ocupando Chile, pero con una ventaja inferior a la que solía tener. Más allá de la región, cabe destacar la experiencia del Reino Unido, no porque no se hayan cometido errores sino porque ha existido una capacidad de aprendizaje importante.
