Aún cuando cientos de usuarios de la plataforma de transporte privado Uber inundaron de quejas y reclamos las redes sociales por el incremento en su precio, durante la contingencia ambiental del pasado miércoles, la tarifa dinámica de esta empresa no está violando ninguna ley de mercado, de acuerdo con la (Cofece).
Notivox consultó al organismo encargado de vigilar, promover y garantizar la libre competencia en el mercado mexicano y en una tarjeta informativa, la dependencia especificó que “la Ley de competencia no castiga precios altos o utilidades altas Per Se”.
Explicó que lo que “la Ley castiga es el abuso de la posición dominante que puede tener una empresa en un mercado para desplazar a sus competidores o afectar el proceso de competencia”.
Esto significa que, la Cofece no puede emitir ninguna sanción por el simple hecho de que los precios de este servicio se hayan incrementado a raíz de un cambio de oferta y demanda en un mercado.
En este caso no se puede castigar a una empresa que aumentó sus precios porque existió un aumento en la demanda de los servicios, al tiempo que se redujo su número de choferes disponibles. Ambas situaciones causadas por el doble Hoy No Circula que fue implementado por la contingencia ambiental.
Menos autos, más solicitudes
El pasado miércoles 6 de abril no circularon alrededor de 2 millones de autos, lo que provocó que la flotilla de vehículos de los servicios de transporte privado de Uber y Cabify disminuyeran 40 por ciento, mientras que la demanda se incrementó por encima de ese porcentaje.
De acuerdo con Uber, ese día el número de solicitudes incrementó 64 por ciento. La empresa decidió implementar su tarifa dinámica para garantizar que, ante la escasez, el servicio estuviera disponible en pocos minutos.
La tarifa dinámica se activa cuando hay muchas solicitudes de viajes. Es decir, que entre más personas soliciten un viaje, más caro costará ese viaje. Quién pueda y acepte pagar la tarifa, accede al servicio. Algo así como intentar comprar ‘la última Coca Cola en el desierto’.
En el caso de Cabify -empresa que también ofrece sus servicios de transporte privado a través de una app, pero que opera cobrando una tarifa fija por cada kilómetro recorrido- su estrategia de mercado fue disminuir 25 por ciento el “banderazo de arranque”.
De acuerdo con los comentarios en redes sociales, la tarifa dinámica de Uber llegó hasta 9.1, lo que provocó quejas ante el gobierno de la Ciudad de México. El argumentando de los usuarios es que la empresa se “aprovechó” de la emergencia ambiental para obtener más ganancias.
Al respecto, Liliana Estrada, investigadora en Inteligencia Pública e integrante de la Alianza por la Competencia, aseguró que este tipo de quejas obedecen a que los ciudadanos no están acostumbrados a operar bajo las leyes de la oferta y la demanda, sobre todo en lo que se refiere a transporte. El transporte público de la Ciudad de México está subsidiado y su precio se ubica por debajo de los costos de operación.
Uber lo que hizo fue enseñar lo que se debería estar haciendo en los servicios de transporte en la Ciudad de México, para que puedan ser de calidad, aseguró la especialista.
“Las tarifas repercuten en la calidad de servicio que el usuario puede tener. Los taxistas concesionados de la ciudad ofrecen un mal servicio porque la tarifa regulada, que el gobierno ha establecido por interés social, no le permite ofrecer un servicio de calidad. Tener una unidad en buenas condiciones implican gastos que se tendrían que sumar al costo del servicio, pero como no pueden aumentar su precio, la manera de tener un equilibrio en sus ganancias es no invirtiendo en sus unidades”.
Estrada explica que la molestia de los consumidores obedece a que no estamos acostumbrados a la ley de la oferta y la demanda. “Lo que tenemos que aprender como consumidor es comparar y elegir todas opciones del mercado. En el caso del transporte existe Uber, pero también está Cabify, los taxis normales o el transporte público”.
Aseguró que las autoridades de la Ciudad de México no tendrían que estar pensando en una regulación o en un tope de precios, porque eso va en contra de las leyes de libre competencia. “Estarían cometiendo un grave error, porque eliminarían las bases para que las empresas compitan para dar un mejor servicio”.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, Uber está definido como un transporte privado con chofer en la que “los miembros suscriben un contrato de adhesión electrónico, con posibilidad de seleccionar el tipo de vehículo, acceso a facturación, pago con tarjeta de crédito y que no se brinda al público en general”.
Lo anterior implica que por ley está establecido que los usuarios de esta plataforma firman un contrato de aceptación de las condiciones del servicio al momento de usar dicha aplicación.
