La industria automotriz rechazó las acciones del gobierno de Chihuahua, encabezado por César Duarte, para regularizar vehículos usados importados ilegalmente por lo que hizo un llamado para decomisar estas unidades y aplicar sanciones por violaciones al convenio de Coordinación Fiscal.
Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) refirió que, a partir de abril, el Estado de Chihuahua venderá placas de plástico y engomados a los vehículos usados internados ilegalmente por un costo de mil 900 pesos, con una vigencia de nueve meses, con la posibilidad de renovar las veces que el propietario de la unidad ilegal deseé por tiempo indeterminado.
Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) criticó que se han generado incentivos para la internación de vehículos chuecos, es una medida perversa del gobierno de Chihuahua, que echa atrás los logros que se han obtenido para reducir la importación de vehículos usados en 60 por ciento durante 2015.
“Contraviene todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal para sanear el mercado vehicular mexicano” comentó y por ello hicieron un llamado al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, así como a Aristóteles Núñez del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para aplicar sanciones por violaciones al Convenio de Coordinación Fiscal.
La justificación del Gobierno estatal es identificar a los propietarios de los vehículos ilegales para prevenir la comisión de delitos, lo cual es insostenible ante la negligencia de las autoridades locales, estado y municipios para impedir la comercialización de vehículos usados, agregaron los representantes de la industria automotriz.
AMDA y AMIA resaltaron que esta medida se anuncia justamente en el curso del proceso electoral para renovar la gubernatura del estado, el congreso local y los ayuntamientos, por lo que de nueva cuenta se privilegia la rentabilidad política en contra del orden jurídico.
