Un experto auguró una posible oleada de conflictos entre empresas de diversas cadenas de suministro, lo cual aumentaría señaladamente el rezago de los tribunales en varias partes del país.
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Roberto Fernández del Valle M., socio experto en solución de controversias de la firma legal Santamarina+Steta, dijo que lo anterior significaría una gran pérdida de tiempo y recursos para la sociedad productiva mexicana.
El experto consideró lo anterior, pese a los avances de muchos jueces, secretarios de acuerdos y operadores litigantes que aprendieron a usar plataformas digitales y nuevas herramientas tecnológicas, las cuales se habilitaron para continuar la impartición de justicia en medio de la pandemia.
“Ha sido un esfuerzo formidable, pero que implicó una curva de aprendizaje y rezago que resultó en una acumulación de expedientes que todavía no solventan los juzgados. Así podría verse el cierre del 2021, junto con unas muy fuertes cargas de trabajo, juicios y periodos cada vez más largos para emitir sentencias, lo que también es muy costoso para las empresas.
“Debemos añadir que crece la reticencia de juzgados federales para admitir concursos mercantiles, que son una herramienta clave para la recuperación de empresas y conservación de plantillas de trabajo. Verdaderamente urge la creación de tribunales especializados”, subrayó.
El especialista explicó que la perspectiva a observar para el 2022 dependerá si el gobierno federal aumenta o no el clima de conflictos, por ejemplo, a partir de una contrarreforma energética que pudiese romper con los acuerdos fincados ya con inversionistas de dicho sector, porque ahí se detonaría una reacción en cadena adicional.
“Primero con empresas del ramo y de ahí el impacto se extendería hacia terceros y un sinnúmero de cadenas colaterales de suministro en otras muchas ramas de la actividad económica nacional”, añadió.
Fernández del Valle recomendó al sector productivo mexicano estar preparado para una ola de disputas empresariales, revisar sus contratos y verificar que tengan cláusulas que contemplen riesgos de cumplimiento y diseñar modelos para enfrentar tales riesgos de forma estratégica, con opciones para solucionar las disputas mediante mecanismos alternativos a los tribunales.
