El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, no estará involucrado en las deliberaciones del departamento que dirige sobre si autorizar o no la construcción del oleoducto Keystone XL, debido a que hasta enero pasado era jefe de la petrolera ExxonMobil, que podría beneficiarse del proyecto.
El portavoz en funciones del Departamento de Estado, Mark Toner, confirmó la decisión tomada "a comienzos de febrero" por Tillerson de "apartarse" de todo lo relacionado con la solicitud de la empresa canadiense TransCanada "de obtener un permiso presidencial para su proyecto de oleoducto Keystone XL".
La revisión de la solicitud para construir el polémico oleoducto, presentada a finales de enero por TransCanada, corresponde al Departamento de Estado según el proceso regulatorio estadunidense, y se suponía que el secretario de Estado debía enviar una recomendación al presidente, Donald Trump, sobre si autorizarlo.
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No obstante, en una carta enviada a la organización medioambiental Greenpeace, una asesora legal del Departamento de Estado, Katherine McManus, confirmó que no habría una recomendación final de Tillerson en este caso, para cumplir con "sus obligaciones éticas".
"Él (Tillerson) no ha trabajado en este asunto en el Departamento de Estado, y no tendrá ningún papel en las deliberaciones o en la decisión final sobre la solicitud de TransCanada", indicó McManus en su breve carta.
Greenpeace envió antier una carta al Departamento de Estado y a la Oficina de Ética del Gobierno estadunidense, en la que pedía que Tillerson se inhibiera de cualquier decisión relacionada con Keystone XL.
Según la organización medioambiental, ExxonMobil, empresa en la que Tillerson trabajó durante más de cuatro décadas, podría beneficiarse "directa y previsiblemente" de la aprobación de Keystone XL, porque tiene inversiones en las arenas bituminosas canadienses de las que se nutriría el oleoducto.
El oleoducto Keystone XL pretende transportar unos 830 mil barriles diarios de crudo sintético y bituminoso diluido desde la provincia canadiense de Alberta a distintos lugares de Estados Unidos, incluidas refinerías de Texas en el Golfo de México.
El ex presidente Barack Obama prohibió en 2015 la construcción del oleoducto tras una larga revisión sobre su impacto medioambiental que concluyó con la recomendación del entonces secretario de Estado, John Kerry, de rechazar el proyecto porque erigirlo podría "socavar" el papel de Estados Unidos como líder global contra el cambio climático.
Pero cuatro días después de llegar al poder, Trump firmó una acción ejecutiva que daba luz verde a la continuación de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access, otro polémico proyecto, siempre que las empresas encargadas de construirlos estuvieran dispuestas a "negociar" una serie de "términos y condiciones".
La medida firmada por Trump prometía que se tomaría una decisión sobre si autorizar o no el oleoducto Keystone en un plazo de 60 días tras recibir la petición de TransCanada, que la presentó el pasado 26 de enero.
El proyecto Keystone XL enfrentó mucha resistencia de grupos ecologistas, debido al poder contaminante del petróleo procedente de las arenas bituminosas, cuya producción emite un 17 por ciento más de gases de efecto invernadero que la extracción convencional de crudo.
AFC
