El senador brasileño escogido para analizar las cuentas públicas del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en 2014 dijo hoy que recomendará su aprobación por considerar que no tienen ninguna irregularidad, como alega la oposición en su petición de juicio político contra la mandataria, que hoy reivindicó su honestidad.
El senador Acir Gurgacz, escogido como ponente del proceso en que la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso analiza las cuentas de 2014, dijo en declaraciones a periodistas que su opinión difiere de la del Tribunal de Cuentas del Estado (TCU), que recomendó la reprobación de las mismas.
Los balances oficiales correspondientes a 2014 fueron rechazados por el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del Estado y consultor del Congreso, que recomendó que no sean aprobados por el Parlamento por diversas irregularidades.
Gurgacz, que entregó hoy su parecer sobre las cuentas ante la comisión mixta del Senado y de la Cámara de Diputados que deberá aprobarlas o rechazarlas, afirmó que los argumentos presentados por el tribunal "no son relevantes lo suficiente como para reprobar los balances del año pasado".
Según los magistrados del tribunal, el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos en 2014 para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Deuda omitida por el gobierno
Ello llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40 mil millones de reales (unos diez mil millones de dólares) y fue omitida de los resultados presentados por el Gobierno.
Para el tribunal, se tratan de "irregularidades graves" y prueban que "el Ejecutivo usó la banca pública para financiarse", en un "claro incumplimiento" de la ley. Para los partidos de la oposición, esta maniobra con la que el Gobierno intentó maquillar los malos resultados de las cuentas públicas el año pasado, constituye un delito de responsabilidad que justifica la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la mandataria.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó los argumentos de la oposición y autorizó el trámite para el juicio político, pero el mismo tan solo continuará en febrero próximo debido a que la Corte Suprema ordenó el reinicio del proceso y a que el Congreso comenzará su receso legislativo esta semana.
Gurgacz, cuyo parecer tendrá que ser aprobado o rechazado por la comisión de Presupuesto antes del 6 de marzo próximo, alegó que el balance de las cuentas públicas de 2014 puede ser aprobado con algunas "observaciones" como en años anteriores y en otros Gobiernos.
Según el senador, un importante aliado de la jefe de Estado, los decretos firmados por la presidenta y cuestionados por el Tribunal de Cuentas no son ilegales y el procedimiento está previsto en la legislación presupuestaria.
De acuerdo con el ponente, tanto otros Gobiernos como las gobernaciones regionales han usado la misma estrategia para garantizar el funcionamiento del Estado y hasta ahora a ninguno se le ha acusado de crimen de responsabilidad.
"Tengo una buena relación con la presidenta y con la oposición. No redacté mi parecer pensado en (salvar a) la presidenta sino en el país", afirmó. El legislador agregó en su parecer el que tribunal es tan solo un órgano consultivo del Legislativo y que el Congreso es autónomo para aprobar o reprobar las cuentas.
Según el senador, Rousseff tuvo que adoptar las maniobras contables debido a las dificultades económicas que vive el país y para no paralizar al Gobierno. "Fueron dificultades que surgieron a mediados del año y que justificaron algunos cambios en el presupuesto", dijo.
Rousseff, contra "atropelladores" de la democracia
De otra parte, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó hoy que cuenta con coraje para enfrentar a quienes quieren "atropellar la democracia", en una referencia a los sectores que propusieron un juicio político en su contra en el Congreso sin, en su opinión, "fundamentos legales".
"Recibí 54 millones de votos (en las elecciones presidenciales de 2014) y la mejor forma de agradecer esa votación es teniendo coraje para enfrentar las dificultades de este momento de crisis y enfrentado a todos aquellos que creen que la mejor forma de llegar a la Presidencia es atropellando la democracia", afirmó.
La jefe de Estado, en un discurso que pronunció hoy durante la ceremonia de entrega de viviendas populares en el estado de Bahía (noreste), reiteró que no va a permitir que atropellen la democracia. La mandataria insistió en que no existe ningún fundamento jurídico en el trámite autorizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para abrirle un juicio político con fines de destitución.
El jefe de los Diputados, un legislador que se defiende en varios procesos por corrupción, aceptó darle trámite a una petición de partidos de la oposición para enjuiciar a la presidenta por los "delitos de responsabilidad" que supuestamente cometió al avalar unas maniobras contables con las que el Gobierno maquilló sus malas cuentas fiscales en 2014 y 2015.
"No hay fundamento legal para eso porque tengo una vida limpia. Tengo una biografía y una vida pública absolutamente sin manchas y estoy comprometida con los recursos públicos de este país. Ni en mi pasado ni en mi presente hay acusaciones contra mí", respondió la presidenta.
Según Rousseff, la Constitución brasileña es clara al prever el "impeachment" (nombre en inglés de la figura con que Brasil se refieren al proceso de destitución del presidente) tan solo en casos de crímenes de responsabilidad del jefe de Estado, lo que, afirmó, no es el caso. Admitió que el país vive una grave crisis política y económica pero negó que el Gobierno esté paralizado.
"Es verdad que estamos pasando por dificultades, pero también es verdad que, incluso con esas dificultades, no estamos parados. Seguimos, como hoy, construyendo viviendas familiares, distribuyendo subsidios para los más pobres y construyendo obras de infraestructura. Puedo garantizarles que el país no va a parar", dijo.
Y en ese sentido, enfatizó: "Seguiremos generando empleo y renta. Lucharemos todos los días para vencer esta crisis". El juicio político contra la mandataria quedó paralizado tras la decisión de la semana pasada de la Corte Suprema de ordenarle a la Cámara Baja que reinicie todo el trámite por "errores de procedimiento" en sus fases iniciales.
Como el Congreso entrará en receso el miércoles, el presidente de la Cámara baja anunció que reiniciará los trámites cuando se reanuden los trabajos legislativos, el 2 de febrero próximo.
