La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vetó hoy artículos de una ley que autorizaban el financiamiento de campañas políticas con recursos empresariales, siguiendo el parecer de la Corte Suprema, que recientemente la había declarado inconstitucional.
La presidenta brasileña justificó su veto en la decisión adoptada recientemente por el Tribunal Supremo, que el pasado 17 de septiembre decretó esta práctica inconstitucional al considerar que, en parte, facilitó las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras.
La mayoría de los jueces argumentó que al permitirse la financiación de partidos y sus campañas electorales por parte de empresas privadas, "el poder económico acaba capturando al poder político".
En opinión de los magistrados, la posibilidad de que empresas privadas financien la política fue uno de los factores que propició la red de corrupción que se enquistó en la estatal Petrobras, por la cual están siendo investigados medio centenar de políticos y algunas de las constructoras más importantes del país.
La Policía sostiene, además, que los políticos muchas veces recibían el dinero de la corrupción petrolera "disfrazado" bajo la forma de "donaciones" para sus campañas, las cuales eran debidamente declaradas ante las autoridades electorales y fiscales.
Una de las campañas que está bajo sospecha es la que llevó el año pasado a la reelección de Rousseff, de la cual se sospecha que, en parte, fue alimentada con recursos desviados de la petrolera estatal en forma ilegal.
El Congreso Nacional deberá decidir ahora si mantiene o derriba el veto a la ley, a la que la propia jefa de Estado se ha opuesto precisamente porque también sostiene que se debe prohibir la financiación de actividades políticas por parte de personas jurídicas.
Con elecciones municipales en el horizonte, la financiación de las campañas electorales ha elevado aún más la tensión política en Brasilia en las últimas semanas. Recientemente la Corte Suprema de Brasil consideró que las contribuciones de empresas son inconstitucionales, porque generan una influencia indebida del poder económico en la política, y fomentan la desigualdad entre los candidatos.
Basándose en esa decisión, Rousseff vetó hoy varios artículos de una ley aprobada en las últimas semanas por el Congreso, que volvía a colocar las donaciones de empresas como una fuente legítima de financiamiento.
"La posibilidad de donaciones y contribuciones por parte de personas jurídicas a partidos políticos y campañas electorales, que serían reglamentadas por estos dispositivos, confrontaría la igualdad política y los principios republicanos y democráticos, como decidió la Corte Suprema", argumentó la Presidencia al justificar su veto.
Muchos legisladores, entre ellos el rebelde y poderoso líder de los diputados, Eduardo Cunha, sostienen que la prohibición de este tipo de financiamiento compromete seriamente las elecciones municipales de 2016, y prometen agotar todos los recursos a su alcance para revertirla.
En las elecciones presidenciales de 2014, más del 80% de las donaciones a los principales candidatos brasileños vinieron de empresas privadas, según datos de la justicia electoral recabados por el periódico O Globo. El resto de los recursos que reciben las agrupaciones políticas proviene de personas físicas y de un fondo electoral público.
Brasil asiste actualmente a la mayor investigación judicial por corrupción en la historia del país, que develó un esquema de sobornos y sobreprecios en la estatal Petrobras, en el que las mayores constructoras desviaron recursos hacia funcionarios públicos, intermediarios y partidos políticos para asegurarse millonarios contratos con la petrolera.
El caso, conocido como "Petrolao", ha puesto bajo la lupa las cuentas de campaña de la propia presidenta Dilma Rousseff, quien niega haber recibido recursos ilegales para ganar la reelección.
