Un tribunal brasileño rechazó un recurso presentado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuesto abuso de autoridad contra el juez del caso "Lava Jato", Sérgio Moro, que juzgará al ex mandatario por corrupción.
Los magistrados del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, en el sur del país, desestimaron la demanda por unanimidad, según comunicó la propia corte.
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La defensa de Lula acusaba a Moro de abuso de autoridad por haber autorizado el año pasado la divulgación del contenido de una conversación telefónica interceptada entre Lula y la entonces presidenta, Dilma Rousseff.
El abogado del ex mandatario, Cristiano Zanin Martins, también reclamaba que Moro ordenase una requisa en casa de Lula en marzo de 2016, cuando se dieron a conocer las primeras acusaciones de corrupción.
Se trató de una orden judicial "sin fundamento legal, con motivaciones políticas, en detrimento de la ley (y) promoviendo un espectáculo mediático que tenía como objetivo humillar al ex presidente", argumentaba Zanin.
La publicación de la escucha realizada a Rousseff y Lula causó controversia hace un año, en los meses previos a la destitución de la ex jefa de Estado.
En el audio, Rousseff parecía sugerir que nombraba entonces ministro a Lula para evitar que fuese detenido gracias al foro privilegiado. La Justicia suspendió poco después el nombramiento de Lula.
El líder obrero, presidente entre 2003 y 2010, tiene que responder en breve en al menos tres casos ante la Justicia por acusaciones de corrupción y lavado de dinero. La Fiscalía ha presentado además cargos en otros dos casos en el marco de la operación anticorrupción conocida como "Lava Jato" ("Lavado de autos").
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Lula niega las acusaciones y ha sugerido que podría presentar su candidatura a las elecciones de 2018. El ex líder del Partido de los Trabajadores (PT) sigue siendo muy popular entre las clases más pobres y círculos de izquierda.
"Lava Jato" está considerada como la mayor investigación contra la corrupción política en la historia de Brasil.
Varios empresarios y políticos de distintos partidos han sido encarcelados o están bajo investigación por su presunta participación en una trama fraudulenta en la petrolera estatal Petrobras. Políticos y funcionarios públicos están acusados de recibir sobornos durante años para favorecer a varias compañías en sus negocios con Petrobras.
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