La justicia argentina vivió ayer una rebelión con la acusación de “prevaricato” contra tres jueces de la Corte Suprema por reducir la condena a un represor de la última dictadura (1976-83), mientras tribunales inferiores rechazan aplicar ese dictamen a otros violadores de derechos humanos que piden libertad.
El fallo, donde tres de los cinco jueces aprobaron reducir la condena para el ex agente paramilitar Luis Muiña —condenado a 13 años— tiene a abogados, jueces, fiscales y legisladores armando causas para desconocer el dictamen, rechazado por las Abuelas de Plaza de Mayo.
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A esta denuncia se sumó la decisión de un tribunal federal (San Juan) que negó beneficiar a otro ex represor condenado, por entender que el fallo es “inconstitucional e inaplicable”.
Lo que parecía un tema cerrado en el país, está vivo y genera grietas políticas: el juicio y las condenas a los autores de crímenes contra la humanidad de la dictadura que dejó 30 mil desaparecidos.
Hay más de mil condenados y otro millar bajo proceso. Las sentencias fueron posibles al derogarse las leyes de amnistía en el gobierno de Néstor Kirchner.
