El gobierno español tomó las riendas del poder en Cataluña sin hallar ningún tipo de resistencia en las calles o por parte de la administración del destituido presidente Carles Puigdemont, mientras la Fiscalía General anunció la presentación de dos querellas, por rebelión y sedición, contra el político independentista catalán y los miembros de su gobierno.
Huyendo quizá de una posible condena, Puigdemont y algunos consellers (ministros) de su gabinete viajaron en avión desde Marsella (Francia) a Bruselas (Bélgica), donde el fin de semana un ministro insinuó la posibilidad de concederle asilo político, lo que fue rechazado por el gobierno belga.
Ayer fue el primer día laborable desde que el parlamento de Cataluña declaró la independencia el viernes y el gobierno central de Mariano Rajoy adoptó las medidas previstas en el artículo 155 de la Constitución, destinadas a controlar la región.
En un ambiente de gran incertidumbre, decenas de periodistas aguardaron la llegada de Puigdemont a la sede de la Generalitat (gobierno regional) en Barcelona, pero éste no apareció. “Está en Bruselas”, dijo una fuente oficial española. El abogado belga Paul Bekaert, experto en temas de asilo, que defendió a presuntos miembros de la organización terrorista vasca ETA, confirmó que había estado en contacto con Puigdemont, pero no que quiera solicitar asilo.
“No se ha decidido nada en este plano”, dijo a la cadena de televisión belga VRT. Se cree que Puigdemont pretende internacionalizar las decisiones judiciales y obligar a la justicia belga a posicionarse sobre la posible emisión de una euroorden de detención por parte de España. Las instituciones europeas indicaron que no hay ningún encuentro previsto con él, y el partido nacionalista N-VA aseguró que no lo había invitado.
En España, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, reveló las dos denuncias contra Puigdemont y su equipo de gobierno, así como contra la Mesa del Parlamento catalán, a los que se les atribuyen delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Las penas pueden alcanzar 30 años de prisión.
La querella contra Puigdemont se interpuso ante la Audiencia Nacional, mientras que la relativa a la Mesa ante el Tribunal Supremo al conservar la mayoría de los querellados el aforamiento. Maza dijo que el ex presidente y su gabinete, “con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años, han provocado una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia, realizada con total desprecio a nuestra Constitución”.
Por ello, también abrió la puerta a que la Fiscalía solicite medidas cautelares contra Puigdemont y su antiguo ejecutivo una vez que sean llamados a declarar. En ambas querellas se pide que sean citados para prestar declaración y posterior comparecencia en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y los delitos imputados.
En concreto, la Fiscalía pide que se incluya la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6 millones 207 mil 450 euros. El fiscal indicó que, a partir de ahora, “la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al estado de derecho gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas”.
El Ministerio Público advirtió en su escrito que en caso de que no comparezcan ante el juez, “al fiscal interesa la inmediata detención” de los querellados.
La querella en el Supremo se presenta contra los seis miembros de la Mesa de Parlamento de Cataluña que permitieron tramitar la votación de la declaración de independencia unilateral, mientras que la querella en la Audiencia Nacional se presenta contra Puigdemont y sus 14 consejeros porque ya no gozan de aforamiento al haber sido disuelto el parlamento.
El parlamento de Cataluña acató el artículo 155 de la Constitución española luego de que la reunión de la Mesa prevista quedó desconvocada porque la cámara “se ha disuelto”, informó.
Algunos ex consejeros de Puigdemont acudieron a sus oficinas para trabajar con “normalidad”. El consejero de la Generalitat, Josep Rull, y otros fueron desalojados de sus oficinas por los Mossos d’ Esquadra (policía local), que ya está bajo las órdenes del gobierno conservador de Rajoy.
