El primer discurso del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea General de las Naciones Unidas quedó relegado a un segundo plano cuando el jefe de Estado argentino anunció que la primera ministra británica, Teresa May había aceptado incorporar el tema soberanía a las conversaciones por las islas Malvinas.
Horas más tarde, la canciller Susana Malcorra se vio obligada a contradecirlo y aclaró que no había cambios en la posición de Gran Bretaña.
El tema Malvinas venía ocupando las portadas de los diarios locales desde que la canciller Malcorra y el vicecanciller británico, Alan Duncan, anunciaron la firma de un polémico acuerdo que desató la ira de los aliados del gobierno de Macri y de la oposición que reclamaron que la titular de la cartera de Exteriores rinda cuentas ante el parlamento y la acusaron de hacer concesiones a Londres en función de sus objetivos personales de suceder a Ban Ki-moon como titular de la ONU.
La jefa de la diplomacia argentina intentó calmar a aliados y opositores por la oleada de críticas que recibió el acuerdo firmado entre la cancillería y el Foreign Office donde se incluye la exploración de hidrocarburos, la pesca en Malvinas y hasta la cooperación militar sin que se mencione el reclamo de soberanía argentina sobre la ocupación británica que data de 1833.
Lo más sorprendente es que la declaración ni siquiera cayó bien dentro de la coalición oficialista de Cambiemos (centro-derecha). "Todo paso vinculado a Malvinas debe ser bajo dos premisas: el tema de la soberanía no se resigna y cuidar no alterar una política de Estado", posteó en Twitter el jefe del interbloque oficialista de diputados, el radical Mario Negri.
Aunque luego en tono más amistoso dijo que "vamos a invitar" al vicecanciller para que nos explique el acuerdo. Otra aliada del gobierno, la diputada Elisa Carrió, también se sumó a los reclamos pero dejó el pronunciamiento en manos partidarias.
"Las medidas conjuntas a llevarse a cabo en materia de pesca, hidrocarburos, navegación, vuelos adicionales a Malvinas y cooperación científica en aguas subantárticas, en el que se soslaya la cuestión de la soberanía, de acuerdo a lo resuelto por los vicecancilleres de la Argentina y Gran Bretaña, destacamos la incompatibilidad de estas medidas con lo establecido en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, toda vez que la toma e instrumentación de estas decisiones solo contribuyan a afianzar la presencia ilegal del Reino Unido en las islas Malvinas", dice el comunicado de la agrupación que preside Carrió.
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, también salió a aclarar. "Lo que hizo el gobierno fue un comunicado, ni siquiera un acuerdo, no es un tratado", subrayó.
"La nueva política del macrismo hacia el Reino Unido y Malvinas es una vuelta a la perimida política de seducción del ex presidente Carlos Menem", explicó el diputado opositor Guillermo Carmona, vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y exigió que Malcorra acuda al Congreso, que el gobierno rechace el acuerdo y retire el respaldo a su candidatura para la Secretaría General de la ONU. "No es casual que los acuerdos se hayan concretado con el telón de fondo del Foro de Negocios e Inversiones.
El vicecanciller Foradori y su par británico Duncan se reunieron en la cancillería, desempolvaron el viejo documento y dejaron sentado que, para ambos gobiernos, Malvinas sale de la esfera de la disputa de soberanía para pasar a ser una cuestión de negocios", agregó Carmona.
El senador y cineasta Fernando "Pino" Solanas se sumó al reclamo para que el vicecanciller vaya a dar explicaciones al Congreso y señaló que "con el acuerdo por Malvinas el gobierno revive lo peor del menemismo". Solanas recordó que "aquellos acuerdos de Madrid (de 1989-190) permitieron la vulneración total de los derechos e intereses argentinos sobre Malvinas".
El secretario del centro de ex combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, Ernesto Alonso, consideró que el gobierno está incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al "alejarse del mandato constitucional" de ratificar la soberanía sobre las Malvinas.
Los ex combatientes argentinos consideran que el gobierno incumple el mandato constitucional de ratificar una soberanía cuyo reclamo enfrentó a ambos países en 1982.
En la guerra, que se saldó con la derrota de la nación sudamericana, murieron 255 británicos, tres isleños y 649 argentinos, de los cuales 123 permanecen enterrados en las islas sin identificar.
JA
