El titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, solicitó a Rick Perry, gobernador del estado de Texas, EU, la suspensión de la pena de muerte decretada en contra del mexicano Édgar Tamayo Arias, programada para el próximo 22 de enero, y que ésta le sea conmutada por una de prisión.
El ombudsman nacional expresó a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Texas que el 31 de marzo del 2004, en el expediente conocido como Caso Avena y otros nacionales mexicanos, la Corte Internacional de Justicia determinó que se violó el derecho de notificación y asistencia consular en perjuicio del señor Tamayo Arias, establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha sostenido que el Congreso debe legislar para cumplir los compromisos de orden internacional.
De llevarse a cabo la ejecución de la sentencia, sin que el Tamayo reciba la garantía a que tiene derecho, conforme a la Convención de Viena, quedaría debilitada la autoridad de las instituciones que velan por el cumplimiento de la legislación internacional, señaló Plascencia.
En este caso, subrayó, también debe ser considerado lo que establecen los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4 de la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho a la vida y que nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Con base en estas razones, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo la petición "atenta y respetuosa" para que en ejercicio de sus facultades como gobernador de esa entidad, Rick Perry suspenda la ejecución de la pena capital decretada en contra Tamayo Arias, y se conmute la sentencia de muerte que le fue impuesta por otra de prisión.
La determinación que adopte en favor del sentenciado, agregó, será reconocida por la comunidad internacional como signo inequívoco del compromiso del gobierno del Estado de Texas por el respeto a la vida y a la dignidad humana, así como del respeto a los derechos humanos.
