La Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), el mayor gremio empresarial del país, anunció hoy su apoyo formal al proceso de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff.
En un comunicado, la FIESP y el Centro de Industrias del Estado de Sao Paulo (CIESP) indicaron que después de una reunión conjunta las dos entidades "decidieron apoyar el proceso de 'impeachment'" contra la mandataria.
"Esa posición refleja el deseo de los industriales paulistas, demostrado en un sondeo del Departamento de Investigación y Estudios Económicos de la FIESP", apuntó la patronal en referencia al 91.9 % de empresarios entrevistados que apoyan el juicio político contra Rousseff. El trámite de cara a un juicio político contra Rousseff puede ser reanudado esta misma semana en el Congreso.
Los trámites para un juicio político fueron autorizados hace diez días por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva la decisión de aceptar o no el inicio de un proceso con miras a la destitución de un mandatario.
El proceso comenzó el martes de la semana pasada, pero ese mismo día el Tribunal Supremo lo paralizó ante una demanda presentada por el oficialista Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que pidió esclarecer algunos procedimientos.
Los once magistrados del Supremo han anunciado que se reunirán el próximo miércoles para analizar esa demanda, tras lo cual el trámite deberá ser reiniciado en la Cámara de Diputados.
El proceso está fundamentado en unas maniobras fiscales que el Gobierno hizo en 2014 para maquillar sus resultados y que, según organismos de contraloría del Estado, continuaron durante este año.
Según la oposición, esas maniobras constituyen un "delito de responsabilidad", que es una de las causas que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario, aunque el Gobierno lo niega y sostiene que no pasan de "errores administrativos" que son "comunes" en la administración pública brasileña.
El presidente de la FIESP y del CIESP, Paulo Skaf, señaló que la encuesta con 1,113 empresarios "fue endosada por todos los foros" de ambas entidades, que agrupan a la mayoría de industrial del estado más rico y poblado del país y también fortín de la oposición al Gobierno central.
La decisión, explicó Skaf, fue tomada "debido a la situación política y económica de Brasil y debido al momento que llegamos". Para Skaf, el producto interior bruto (PIB) brasileño deberá contraerse un 3.5 % en este año y el país cerrará 2015 con 1.6 millones de empleos formales menos, lo que conlleva a una "desconfianza" de los inversores.
"El país está a la deriva y no hay actitudes para solucionar los problemas", apuntó el líder empresarial, quien añadió: "No estamos condenando a la presidenta", pero hay un "encaminamiento legal, de acuerdo con la Constitución, y por eso no se puede hablar de golpe", como argumenta el Gobierno. Para Skaf, según las proyecciones de la entidad, la industria brasileña se encogerá en el trienio 2014-2016 un 20 %.
Gobierno respira, Brasil "indignado" dice oposición
El Gobierno brasileño consideró hoy "como un balón de oxígeno" la baja adhesión a las protestas que este domingo demandaron la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, aunque para la oposición se comprobó que "Brasil está indignado".
Las manifestaciones fueron convocadas por grupos ajenos a los partidos políticos tradicionales y, según la policía, congregaron a unas 83 mil personas en un centenar de ciudades de todo el país.
Esa cifra fue contestada por los organizadores, que cifraron la asistencia en cerca de 400 mil personas, que aún así distaron mucho de los 2.5 millones de manifestantes que reunieron las protestas que esos mismos grupos habían realizado en abril y agosto pasado.
Según el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), más allá del número, las protestas de este domingo "probaron que Brasil está indignado y que quiere el fin de este Gobierno".
El senador Aécio Neves, presidente del PSDB, argumentó que hubo "poco tiempo" para organizar estas manifestaciones, pues los grupos convocantes decidieron salir a las calles después de que, la semana pasada, la Cámara de Diputados inició los trámites con miras a un posible juicio político contra Rousseff.
"Aún con pocos días para organizarlas, las manifestaciones han comprobado que está vivo en gran parte de la sociedad el sentimiento de indignación y rechazo" al Gobierno, declaró Neves. En el Ejecutivo, la baja adhesión fue recibida con cierto alivio, pero también con mucha cautela.
El resultado de las protestas fue analizado por la propia jefa de Estado en una reunión que sostuvo hoy con una decena de ministros, la cual concluyó sin declaraciones a los periodistas. No obstante, fuentes oficiales consultadas por Efe reconocieron que la escasa respuesta a la convocatoria fue casi como un "balón de oxigeno" para el Gobierno.
"Alivia un poco la presión, aunque no basta para decir que está todo resuelto", dijo un portavoz de la Presidencia, en alusión a que el trámite de cara a un juicio político contra Rousseff puede ser reanudado esta misma semana. En cualquier caso, la escasa convocatoria de las manifestaciones fue casi un regalo para Rousseff, quien hoy cumplió 68 años de edad sin muchas razones para celebrar.
Uno de los mensajes de solidaridad que recibió Rousseff llegó este domingo desde Argentina, y de un admirador no esperado. "Quiero enviar mi apoyo a la presidenta Dilma Rousseff. Mi corazón está contigo", escribió en redes sociales el exfutbolista Diego Armando Maradona, a quien la mandataria respondió hoy con un simple "Gracias por el apoyo".
Los trámites para un juicio político fueron autorizados hace diez días por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva la decisión de aceptar o no el inicio de un proceso con miras a la destitución de un mandatario.
El proceso comenzó el martes de la semana pasada, pero ese mismo día el Tribunal Supremo lo paralizó ante una demanda presentada por el oficialista Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que pidió esclarecer algunos procedimientos.
Los once magistrados del Supremo han anunciado que se reunirán el próximo miércoles para analizar esa demanda, tras lo cual el trámite deberá ser reiniciado en la Cámara de Diputados. "Hasta que no concluya todo esto, el Gobierno deberá seguir muy atento", explicó la fuente consultada por Efe.
El proceso está fundamentado en unas maniobras fiscales que el Gobierno hizo en 2014 para maquillar sus resultados y que, según organismos de contraloría del Estado, continuaron durante este año.
Según la oposición, esas maniobras constituyen un "delito de responsabilidad", que es una de las causas que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario, aunque el Gobierno lo niega y sostiene que no pasan de "errores administrativos" que son "comunes" en la administración pública brasileña.
