El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pidió hoy al gobierno venezolano iniciar una investigación "veraz" sobre los hechos de violencia que dejaron tres muertos en ese país el miércoles y llamó a evitar nuevas confrontaciones. Insulza pidió a las autoridades venezolanas realizar una investigación "veraz, objetiva y transparente, que determine la responsabilidad de las muertes y los heridos, de acuerdo a las leyes", según un comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"No se debe responder a la protesta, ni a los hechos delictuales cometidos por sujetos aislados, ejerciendo más violencia contra personas, grupos de personas, medios o instituciones", añadió. El miércoles, miles de personas protagonizaron la mayor protesta contra el presidente Nicolás Maduro, desde que éste asumió la presidencia el 19 de abril de 2013.
Las manifestaciones, organizadas por estudiantes opositores, fueron marcadas por disturbios que dejaron un saldo de por lo menos tres personas muertas y 66 heridos. De acuerdo con medios de prensa, los incidentes llevaron a un juez local a emitir una orden de captura contra el líder opositor Leopoldo López. Insulza condenó "enérgicamente" la violencia desatada y exhortó al gobierno y a la oposición "a evitar nuevas confrontaciones que puedan agravar las tensiones existentes, provocando más víctimas".
El secretario general llamó al gobierno, las instituciones y los grupos políticos a evitar las declaraciones "amenazantes" tras los sucesos y "propiciar un clima de tranquilidad que permita abordar los problemas de fondo que afectan al país". "La superación de los urgentes problemas de ese país solo puede alcanzarse por medio de un diálogo amplio, en un marco de pleno respeto a la ley y la convivencia", apuntó Insulza. Las marchas denunciaban el deterioro de la economía, la inseguridad y la detención de jóvenes en protestas en días pasados.
El gobierno ha señalado que los hechos de violencia fueron resultado de "grupos de ultra derecha infiltrados" en las manifestaciones con el fin de provocar un golpe de Estado en Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras en el mundo.
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) reclamó hoy al gobierno venezolano que inicie una investigación "rápidamente y con imparcialidad" sobre los hechos de violencia. En una nota firmada por el director de la División de Américas de HRW, José Miguel Vivanco, la entidad sostuvo que "investigaciones no deben ser utilizadas como pretexto para perseguir adversarios políticos o limitar la libertad de expresión".
De acuerdo con Vivanco, "lo que Venezuela necesita urgentemente es que estas tres muertes sean investigadas y que los responsables sean llevados a la justicia, sin importar su filiación política". "Lo que Venezuela no necesita ahora son autoridades que usen como chivos expiatorios a opositores políticos o cierren medios de prensa porque no les gusta la cobertura que hacen", añadió. Con relación a la situación del opositor Leopoldo López, acusado por el gobierno de incitar al a violencia, Vivanco señaló que si se torna evidente que ha sido acusado de incentivar la violencia "sin que exista evidencia, esto claramente será un abuso de poder".
De otra parte, grupos de chavistas y de jóvenes opositores salieron hoy nuevamente a las calles. Unos dos mil estudiantes críticos del gobierno venezolano marcharon hoy en Caracas, en un nuevo jalón de las protestas que se repiten en distintas ciudades hace diez días. "¿Quiénes somos? Estudiantes. ¿Qué queremos? Libertad", fue el grito de batalla de los jóvenes que manifestaron sin incidentes durante horas mientras llevaban pancartas con consignas como "No más violencia, no más represión" o "Este gobierno va a caer".
Más temprano, en el sector central de la capital un puñado de militantes oficialistas respondió a la llamada a participar de una "marcha antifascista" convocada por la ministro de Información, Delcy Rodríguez. El miércoles, miles de estudiantes marcharon contra la inseguridad, la inflación, la escasez de productos y la detención de compañeros, en la mayor protesta contra el presidente Nicolás Maduro desde que sucedió en el cargo a Hugo Chávez, fallecido hace once meses. Maduro, en un encendido mensaje por radio y televisión, denunció que en Venezuela había "un golpe de Estado en desarrollo".
La misma noche del miércoles la justicia emitió órdenes de arresto contra al menos tres opositores, entre ellos el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, bajo cargos de asesinato, terrorismo y asociación para delinquir, entre otros. López está "en su casa, con sus abogados. Está en Venezuela, se queda en Venezuela y va a dar la cara porque no tiene nada que temer, porque va a seguir protestando en la calle", anunció Carlos Vecchio, dirigente del mismo partido.
Vecchio explicó que los fiscales y jueces han "confirmado extraoficialmente" la orden de captura y que los abogados acudieron a tribunales para conocer la medida judicial, pero no obtuvieron respuesta. Un pelotón de la Dirección de Inteligencia Militar, con armas largas, ingresó por la tarde a la sede de Voluntad Popular e interrogó unos minutos a los militantes por el paradero de Vecchio --que no estaba-- y luego se retiró. López es uno de los tres dirigentes que impulsan ocupar las calles bajo la consigna "La salida" para oponerse al gobierno, que ganó las presidenciales de abril y refrendó con mayor margen en las municipales de diciembre.
Los otros dos son el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y la diputada María Corina Machado, que goza de inmunidad parlamentaria. "Tenemos que hacernos fuertes en la calle", la meta "es que tengamos una fuerza popular en la calle que pueda ser una contraparte al peso y al abuso de poder por parte del gobierno", había dicho López el martes en entrevista con la AFP. "El argumento de que no podemos protestar porque habrá violencia es un chantaje que busca paralizar a una población que ha encontrado que todas las vías institucionales están cerradas", dijo por su lado hoy Machado interrogada telefónicamente por la AFP.
Pero la legisladora aclaró que se aspira a una salida institucional. "Planteamos un debate ciudadano para evaluar los mecanismos (de relevo gubernamental) que establece nuestra constitucional y los mecanismos para activarlos", agregó. La táctica de protestas en la calle ha sido calificada como golpista por el gobierno, pero incluso genera reticencias en el seno de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), entre ellos el líder y ex candidato presidencial Henrique Capriles. "Vamos a canalizar el descontento, pero yo no les voy a mentir, las condiciones no están dadas para presionar la salida del gobierno", dijo hoy Capriles en rueda de prensa.
Para el analista Luis Vicente León, la violencia de esta semana podría no afectar al presidente Maduro. "No creo que los eventos se traduzcan en una pérdida de popularidad para Maduro (...). Es mucho más riesgoso para él sus malos movimientos en lo económico, pues empeorarán la calidad de vida de la población y eso sí podría afectar su popularidad", explicó a la AFP el presidente de la encuestadora Datanálisis.
Venezuela soporta una inflación anual de 56.3% y un índice de escasez que en enero alcanzó a uno de cada cuatro productos básicos, mientras que la violencia criminal deja entre 39 y 79 homicidios anuales cada cien mil habitantes, según se tomen estadísticas oficiales o de ONG. Durante las protestas del miércoles estallaron incidentes entre estudiantes, fuerzas antimotines y grupos que se identificaban como oficialistas.
Además de balaceras aisladas y enfrentamientos a pedradas, grupos de manifestantes quemaron neumáticos, atacaron la sede del Ministerio Público en Caracas e incendiaron varios carros de los cuerpos policiales, tras lo cual fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad con bombas lacrimógenas. La mayoría de la población venezolana no pudo ver los incidentes ya que una ley sancionada años atrás bajo el chavismo prohíbe a las televisoras la difusión de imágenes de violencia.
El canal colombiano de noticias NTN24, que emite desde Bogotá y otorgó gran cobertura a los incidentes, fue sacado de las parrillas de las dos redes de televisión por cable que lo distribuían en Venezuela. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, un órgano gubernamental regulador de empresas audiovisuales, había amenazado con sanciones para aquellos medios que hagan "promoción de la violencia". Interrogados por la AFP, el Ministerio de Información y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dijeron que carecían de información sobre ese tema.
Durante la jornada, países aliados de Caracas, como Cuba, Argentina, Bolivia y Nicaragua, se solidarizaron con Maduro y rechazaron la violencia. En Lima, manifestantes protestaron hoy frente a la embajada venezolana en Perú contra la violencia registrada tras las marchas opositoras en Caracas. La protesta fue convocada por la coordinadora del Comando Simón Bolívar y en ella participaron varios organizaciones civiles peruanas, informaron medios locales.
"No más violencia" y "Libertad para Venezuela" se podía leer en algunas de las pancartas que los manifestantes llevaban hasta la embajada, que permaneció con las luces apagadas, según mostraron imágenes de televisión. "En este momento en muchos países se está protestando contra la violencia del gobierno venezolano contra la población", dijo una representante del Comando Simón Bolívar.
