La detención de uno de los acusados de las mayores operaciones de lavado de dinero del mundo, miembro de una prominente familia residente en Panamá, afecta aún más la imagen del país, deteriorada por los Panama Papers, a pocos días de nuevas revelaciones sobre paraísos fiscales.
El empresario Nidal Waked, miembro de una de las familias más acaudaladas en Panamá, fue capturado esta semana en Bogotá por ser, según las autoridades estadunidenses, uno de los mayores operadores mundiales en el blanqueo de dinero del narcotráfico.
"Esto es como un terremoto de 10 grados para el sistema económico y para la sociedad panameña, pero esto no debería ser una sorpresa", afirma Miguel Antonio Bernal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Panamá.
Waked, de 44 años, fue arrestado cuando llegaba a su natal Colombia en un vuelo procedente de Panamá, donde tiene junto a su familia —de origen libanés— numerosos negocios que van desde centros comerciales, hoteles, periódicos, empresas en zona franca y hasta un banco.
El empresario es requerido en Estados Unidos por la Corte del Distrito Sur de Florida por "concierto para cometer lavado de activos".
"La imagen del país ha sido averiada con esos escándalos", asegura Francisco Bustamante, ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las inquietudes por la imagen de Panamá han llegado a la propia presidencia del país centroamericano: "Estamos muy preocupados porque la reputación del país no se vea afectada por esta situación", manifestó al Canal TVN-2 Milton Henríquez, ministro de Gobierno.
Los escándalos, lejos de reducirse, podrían incluso aumentar, dado que mañana el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) publicará íntegramente los Panama papers, lo que podría desatar una tormenta informativa a escala mundial en momentos en que Panamá realiza una ofensiva diplomática para defender su centro financiero.
En abril, la revelación de los Panama papers puso de relieve cómo la firma panameña de abogados Mossack Fonseca creó infinidad de sociedades off-shore para políticos y personalidades de todo el mundo, con el presunto fin de evadir impuestos.
Desde entonces, el gobierno panameño se ha comprometido con la comunidad internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y creó un comité de expertos, en el que participa el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, para adecuar su sistema financiero a los estándares de transparencia exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Con un canal interoceánico por el que pasa 5 por ciento del comercio marítimo mundial, además de zonas francas, puertos, turismo y un sistema logístico y bancario robusto, Panamá ha alcanzado un crecimiento económico superior a 6% anual en los últimos años, uno de los mayores de la región.
Sin embargo, es considerado por algunos países como un paraíso fiscal, pese a reformas que eliminaron el uso de acciones al portador, la creación de un ente público para prevenir el lavado en 16 actividades económicas y la firma de una treintena de tratados bilaterales sobre información financiera.
La falta de celeridad para levantar el secreto bancario y el intercambio automático de información ha provocado que se mantenga en la mira de Europa, EU y la OCDE.
"No podemos seguir por ahí como si fuéramos corsarios o piratas del siglo XVIII", dijo Bernal.
Para este académico, el centro financiero panameño tiene que ser reformado para evitar el blanqueo de capitales, "pero el gobierno no puede hacerlo porque la mayoría de los que lo integran tienen intereses en ese mismo tipo de operaciones".
Los empresarios también han mostrado su temor: "Puede haber situaciones que la gente empiece a cuestionar si se invierte o no", se lamenta el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge García.
Los analistas también creen que los escándalos pueden ser aprovechados por las autoridades panameñas para afianzar las reformas del sistema financiero y homologarlo con las exigencias de transparencia de la comunidad internacional.
También consideran que las nuevas exigencias internacionales pondrán a prueba a la justicia panameña y el cumplimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, reconocen la debilidad y las carencias de las instituciones panameñas, muchas veces penetradas por la corrupción, y del sistema de justicia.
