El tema de la justicia que se aplicará a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una vez que entreguen sus armas, así como el plan del gobierno colombiano de crear un "congresito" o comisión legislativa que refrende un eventual acuerdo de paz volvió a enfrentar hoy en La Habana a los negociadores de paz del gobierno y de los insurgentes.
“La fórmula que se adopte en justicia debe arrancar del reconocimiento de responsabilidades” de las fuerzas involucradas en el conflicto, “debe satisfacer los derechos de las víctimas” y ser además una “justicia auténtica”, declaró el jefe de los negociadores del gobierno, Humberto de la Calle.
“Las declaraciones hoy de las FARC confunden”, replicó De la Calle a un pronunciamiento esta mañana de los rebeldes, que criticaron las conversaciones que se llevan a cabo en su país a fin de crear un “tribunal especial para juzgar a las FARC”.
El negociador principal de las guerrillas, Iván Márquez, dijo a la prensa que “lo cierto es que el diseño del mecanismo de justicia para el post acuerdo (de paz) sobre el que actualmente trabajan las partes (en La Habana) no es un mecanismo penal”.
Sería, puntualizó, “un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, al que deberán comparecer todos los actores del conflicto –combatientes y no combatientes- sobre los cuales hubiera acusaciones”.
Márquez alegó que el tribunal especial, cuya creación se discute en el Congreso colombiano, no se ha debatido por los negociadores de paz en La Habana, y advirtió que “ninguna de las iniciativas” que se valoran en el legislativo “es vinculante” para las FARC, “si previamente no han sido consensuadas en la mesa de diálogos” de la capital de la isla.
De la Calle, quien se dirigió a la prensa después de que lo hiciera Márquez, respondió que para el gobierno, con el procedimiento de justicia que se adopte no se busca “simplemente borrar los hechos acaecidos en Colombia” –más de 200 mil muertos en medio siglo-, sino de encontrar “la mejor manera de asegurar” que no se repitan.
“En este marco, para el gobierno también es esencial que los colombianos tengamos certeza de la dejación de armas (por las FARC) simultáneamente con la firma del Acuerdo Final” de paz, “no se puede mezclar y políticas”, dijo.
Las FARC consideran que su rebelión armada contra sucesivos gobiernos colombianos en consecuencia del respaldo brindado por éste al gran capital nacional e internacional que, en su opinión, “dominan la economía nacional” en detrimento de los sectores más humildes del país.
FARC, contra el "congresito"
Asimismo, las FARC arremetieron contra el plan del gobierno de Colombia de crear un "congresito" o comisión legislativa que refrende un eventual acuerdo de paz, al cumplirse tres años de la firma del acta que puso en marcha el proceso de paz.
"Toda iniciativa por fuera de la agenda pactada o de los acuerdos ya alcanzados (entre las FARC y el gobierno), constituiría la mejor fórmula para echar por la borda, anticipadamente, el trabajo realizado de mutuo acuerdo por ambas partes" en las negociaciones de paz de La Habana, dijo a la prensa el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez.
"A pesar de nuestras sucesivas reclamaciones, el gobierno aún no ha expuesto en la Mesa de La Habana cuál es el contenido del paquete legislativo, ya anunciado a la prensa, con el que se dice que se pretende elevar a rango de norma constitucional lo acordado", añadió.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, propuso el 13 de agosto la creación de un "congresito" para refrendar un futuro acuerdo de paz con las FARC en caso de que culminen exitosamente las negociaciones de paz, iniciadas el 19 de noviembre de 2012.
Santos descartó otros mecanismos para refrendar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado interno de medio siglo, incluida una asamblea constituyente, como lo piden las FARC, o un referendo, que el propio mandatario impulsaba inicialmente.
Al explicar su propuesta del "congresito", que ha levantado polémica en Colombia, Santos expresó que éste será "una especie de comisión legislativa especial creada por el Congreso" para validar los acuerdos que pondrían fin al último conflicto armado en América.
Márquez indicó que la propuesta del "congresito" no ha sido tratada en La Habana, por lo que Santos no estaría "respetando" el "Acuerdo General" suscrito por las FARC y el gobierno colombiano en La Habana el 26 de agosto de 2012, bajo auspicio de Noruega y Cuba, que fijó la agenda y dio inicio formal a las negociaciones de paz.
"Nuestra preocupación al oír las propuestas que el Gobierno hace en Bogotá y no en La Habana, es que no se estarían respetando las reglas suscritas frente a garantes (Noruega y Cuba) si se realizaran ajustes institucionales sin acuerdo previo" dijo Márquez.
Sin embargo, el jefe negociador del gobierno, el ex vicepresidente colombiano Humberto de la Calle, replicó a Márquez afirmando que aunque el presidente Santos busca lograr un acuerdo de paz con las FARC, "las leyes se hacen como lo ordena la Constitución".
"La declaración de hoy de las FARC confunde estas dos realidades. En materia de desarrollos legales, el gobierno viene buscando con el Congreso los mejores mecanismos para los desarrollos jurídicos necesarios a fin de cumplir lo que se convenga (en La Habana) y hacerlo de la manera más rápida y eficaz", expresó De la Calle.
El negociador también destacó la necesidad de diseñar ahora un mecanismo de refrendación, aunque todavía faltan varios meses antes de que ambos bandos logren consenso en complejos temas de fondo, como justicia y desarme.
"No es sensato es que si por ventura logramos un convenio, tengamos que sentarnos largos meses a la espera de herramientas legales. Es difícil entender la oposición ciega a estos esfuerzos", indicó De la Calle.
El gobierno y las FARC han consensuado hasta ahora tres de los seis puntos de la agenda, además de la creación de una Comisión de la Verdad y el inicio de un plan piloto de desminado. Actualmente ambas partes discuten sobre reparación a las víctimas y justicia por los crímenes cometidos a lo largo del conflicto.
En Colombia operan además de las FARC, el llamado Ejército de Liberación Nacional, que está en tanteo con el gobierno para abrir otra negociación de paz; paramilitares de derecha, muy vinculados a instancias de las fuerzas armadas de ese país; y bandas armadas asociadas al narcotráfico.
Guerrillero se declara culpable
De otra parte, un guerrillero de las FARC declaró hoy ante una corte del Distrito de Columbia (Washington) en Estados Unidos su culpabilidad en el secuestro de tres contratistas estadounidenses en 2003, informó el Departamento de Justicia.
Diego Alfonso Navarrete Beltrán, presunto integrante del Bloque Sur de las FARC, declaró su culpabilidad en tres cargos de secuestro, y enfrenta una posible pena de cadena perpetua. El juez Royce Lamberth dictará en noviembre la sentencia contra Navarrete, que fue extraditado de Colombia en 2014.
"Con este acto Diego Alfonso Navarrete Beltrán admitió su participación en el secuestro y cautiverio de tres estadunidenses por las FARC, una organización terrorista colombiana", dijo el fiscal estadunidense a cargo de la seguridad nacional, John Carlin, en un comunicado.
En febrero de 2003, un avión que sobrevolaba la selva colombiana en labores de inteligencia con cinco personas a bordo fue derribado por las FARC. En el sitio del accidente, fueron asesinados el estadunidense Tom Hanis y el colombiano Luis Alcides Cruz, mientras los norteamericanos Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves fueron secuestrados por el grupo rebelde.
Según la acusación, Navarrete actuó como uno de los guardias armados que vigilaban a los secuestrados. Tras más de cinco años de cautiverio, los tres rehenes estadunidenses fueron rescatados el 2 de julio de 2008 en la Operación Jaque, el mismo operativo en que recobraron su libertad otras 15 personas, entre ellas la excandidata presidencial colombofrancesa Ingrid Betancourt.
Según el Departamento de Justicia, otros dos miembros de las FARC fueron condenados por su rol en el secuestro. El colombiano Alexander Beltrán Herrera fue extraditado a Estados Unidos en 2012, y fue condenado a 27 años de prisión por su relación con el mismo caso. Octavio Orrego Sánchez, acusado por el derribo del avión y el secuestro, fue capturado el pasado mes de abril.
