El exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España Óscar Sánchez Gil, detenido por narcotráfico y que guardaba en su casa 20 millones de euros, seguirá en prisión provisional ante el “evidente” riesgo de fuga.
Así lo decidió hoy la Audiencia Nacional, que rechazó el recurso de apelación interpuesto por su defensa contra la decisión adoptada por el juez Francisco de Jorge el pasado 12 de abril.
El “Anodino”, como se le conoce a Sánchez Gil, está siendo investigado por tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia, cometido además por funcionario público, pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.
De acuerdo a las investigaciones, Sánchez Gil trabajó durante al menos cinco años para una organización internacional y permitió el ingreso a España de cientos de toneladas de cocaína.
El exmando policial argumentó en su petición de libertad, ahora rechazada, que no había podido tener acceso a los elementos esenciales de la causa, por lo que pidió que se le dispensara el mismo trato que a otro de los investigados, Ignacio Torán, a quien la Sala de lo Penal sí ordenó excarcelar precisamente por este motivo.
La Sala aclaró que el recurso de se refiere al auto de 12 de abril en el que se ratificó su prisión provisional, y no al inicial en el que ordenó su ingreso en la cárcel. Recordó que el auto ahora recurrido se notificó cuando ya se había acordado el levantamiento del secreto casi total de las actuaciones, para que este investigado pudiera tener acceso a la causa y formular alegaciones.
“Garantizado así el acceso a la mayor parte de las actuaciones, en modo alguno puede considerarse que no se le permitió el acceso a los elementos necesarios para el pronunciamiento sobre la situación personal del investigado y para recurrir la adopción de la prisión provisional. Por tanto, no cabe hacer comparación alguna entre los motivos que determinaron la puesta en libertad de otro de los investigados y los que concurrieron para este, ni, por tanto, puede considerarse infringido el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley”, indica el auto.
Mucho dinero
El organismo recordó la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el acceso a los elementos esenciales de la causa y apunta que, en el caso actual, el auto de prisión señala los indicios de la participación del investigado en hechos que presentan caracteres delictivos por los cuantiosos pagos recibidos por el funcionario policial a cambio de los servicios prestados.
Ello queda confirmado, continúa, por “el hallazgo de cantidades extraordinariamente altas de dinero en efectivo, que constituyen prueba de la actividad delictiva y de los pagos recibidos, como las cantidades halladas en el registro de su domicilio escondidas en dobles fondos en techos, paredes, compartimentos ocultos ad hoc en la estructura del edificio (cajas fuertes, jardín exterior, etc.), que fueron objeto de precinto judicial al tratarse de un volumen imposible de cuantificar con exactitud con los medios disponibles en aquel momento, cifrándose seguidamente las cantidades halladas en la segunda residencia en 448.110 euros en efectivo y en los muebles utilizados por él en la Jefatura Superior de Policía de Madrid en 896.400 euros en efectivo”.
En cuanto a la finalidad de la prisión provisional, la Audiencia consideró que viene justificada por la imputación a un funcionario de policía de hechos graves, cuya realidad parece confirmar, añade, el hallazgo de las citadas cantidades en metálico, que difícilmente pueden corresponder a la percepción de su retribución como funcionario y cuya ocultación es indicio de un origen ilícito, lo que conlleva un “evidente” riesgo de sustracción a la acción de la justicia.
“Su supuesta integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero que parece manejar posibilitarían su desplazamiento al extranjero o su ocultación en España con la finalidad de evitar enfrentarse a la imposición de graves penas de prisión. Y su arraigo familiar no constituiría un freno importante para evitar ese riesgo, dadas las consecuencias sociales y profesionales que puede acarrearle una condena por hechos de tal gravedad al ser cometidos por un funcionario público”, concluye el documento judicial.
Sigue la búsqueda
Mientras tanto, el trabajo de la Policía Nacional no cesa y se ha vuelto a intensificar en las últimas semanas para intentar localizar el patrimonio de Sánchez Gil que falta por encontrar. Los agentes sospechan que el ex mando y sus socios narcos tienen inmuebles ocultos en la Comunidad de Madrid e intentan dar con su paradero.
Gracias a los importantes beneficios de su colaboración con los narcos, el exjefe de la UDEF pudo comprarse también junto a su mujer una segunda vivienda en Denia (Comunidad de Valencia). En el registro de esta casa, los agentes localizaron más de 400 mil euros en efectivo. Una cifra importante, pero nada comparable con los 20 millones que tenía ocultos en su domicilio en Villalbilla (Madrid).
LG
