Denuncias de corrupción contra aliados del líder opositor Juan Guaidó desataron una crisis justo cuando luce debilitada su estrategia para expulsar de la presidencia venezolana a Nicolás Maduro.
Una investigación publicada ayer por el sitio Armando.Info señala a nueve diputados opositores por gestiones a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, vinculado con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa de Maduro de alimentos subsidiados.
Lizcano es identificado como “subalterno” de los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, sancionados por EU el 25 de julio por lavado de dinero y sobreprecios en los CLAP.
Los legisladores opositores, según el reporte, enviaron comunicaciones a autoridades de Colombia y EU pidiendo “indulgencia” para Lizcano.
Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente por casi 60 países, anunció la suspensión de sus responsabilidades a los diputados señalados: Luis Parra, Adolfo Superlano, José Brito, Conrado Pérez Linares y Emilio Fajardo, de Primero Justicia, Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular; y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo.
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